Contraloría General de la República. Foto tomada de Canal Institucional.
A través de un comunicado, la Contraloría General de Córdoba, informó sobre 144 procesos de responsabilidad fiscal que adelanta en el departamento.
Los procesos suman $214.870 millones y en tan solo cinco de ellos, la afectación es por $74.919 millones.
Estos cinco procesos, catalogados por la entidad como emblemáticos por tratarse de casi la mitad de los recursos en mención, son los siguientes:
La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades evidenciadas en el Convenio Especial de Cooperación 733 de 2013 y el Contrato de Interventoría 682-2013, cuyo objeto fue la “Aplicación de Ciencia, Tecnología e Innovación en carneros para mitigar efectos de los TLC en el Departamento De Córdoba”, suscrito entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal CONIF – Corporación de Tecnologías Ambientales y Sostenibles CTAS.
La apertura de este Procesos de Responsabilidad Fiscal tuvo su origen en Indagación Preliminar adelantada por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República.
El Convenio Especial de Cooperación no se ejecutó y el Contrato de Interventoría no cumplió con sus funciones y obligaciones, sin embargo, se autorizaron desembolsos, sin que se ejecutaran las actividades del objeto contractual.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por irregularidades evidenciadas en el Contrato de obra No. 858 de 2015, cuyo objeto fue el “funcionamiento de la sede de la Universidad de Córdoba en el Municipio de Sahagún”, celebrado entre el departamento de Córdoba y el Consorcio PAIN 2015, por un valor de $16.842 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en el hallazgo fiscal, configurado con ocasión de la auditoría adelantada por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la CGR.
Se evidenció que no se ha efectuado la dotación inmobiliaria, de laboratorio, de equipos de oficina, la instalación y funcionamiento de tres ascensores, la conexión y puesta en funcionamiento del agua potable.
Igualmente, la obra no ha sido ejecutada en un 100% y aún no se encuentra en funcionamiento, afectando con ello a más de 3.000 jóvenes de la región que demandan instituciones de educación superior de buena calidad, ocasionándose así un detrimento patrimonial a los recursos del departamento de Córdoba.
En desarrollo de este proceso se vinculó a una compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, por presuntas irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato de obra No. 706 – 2012, cuyo objeto fue la “Construcción y dotación de la unidad materno infantil y mantenimiento de las unidades de apoyo ubicadas en el bloque B de la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, Departamento de Córdoba”, suscrito entre el departamento de Córdoba y el Consorcio Unidad Materno Infantil.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en el hallazgo con incidencia fiscal, que surgió de una Actuación Especial de Fiscalización adelantada por la
Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la CGR.
El proyecto no cumplió con una debida planeación, al no contar con los estudios y diseños previos completos, suficientes y oportunos para determinar la factibilidad técnica y financiera de la obra; así como falta de vigilancia y control por parte de la interventoría, al no verificar los soportes técnicos, económicos y jurídicos y la viabilidad de ejecución del proyecto.
Adicionalmente, se determinó falta de evaluación, corrección y ajuste de los planes en el desarrollo de la obra, la cual presenta mala estructuración y aplicación de procesos constructivos.
Lo anterior, conllevó a que hoy se tenga una obra inconclusa que no cumple las
funciones, finalidades y el beneficio social y económico que motivaron su contratación, así como a la afectación de los recursos del Departamento de Córdoba.
En desarrollo de este proceso fueron vinculadas tres compañías aseguradoras
con el fin de garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal por irregularidades evidenciadas por “pagos por prestaciones de servicios de salud, consistentes en paquetes integrales de neurorrehabilitación a pacientes considerados como pertenecientes a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda a las siguientes IPS: Fundenal IPS SAS, Funtierra Rehabilitación IPS Ltda., Semillas de Esperanza, Unidad Integral de Terapias U.I.T.E.A.T.”, por un valor de $15.173 millones, con previa autorización y auditoria médica ejecutada por la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba.
El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en el hallazgo fiscal, detectado con ocasión de la auditoría adelantada por la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba, Sector Social.
Se concluyó que, los servicios prestados por las IPS, como fueron terapias físicas, ocupacionales, fonoaudiológicas, de integración sensoriomotriz, miofuncionales basadas en neurodesarrollo, se encontraban dentro del Plan Obligatorio de Salud, cubiertos en el POS, sin embargo, se realizó el pago de los servicios prestados en salud, ocasionando de esta manera un detrimento patrimonial, que afectó los intereses del Departamento de Córdoba.
En desarrollo de este proceso, recientemente fue imputada responsabilidad fiscal, se decretaron medidas cautelares contra presuntos responsables y se vinculó en debida forma a la compañía aseguradora para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
La Contraloría General de la República adelanta Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades evidenciadas en la ejecución del Contrato de obra No. 578 – 2014, cuyo objeto fue el proyecto de “Extensión de redes de alcantarillado sanitario en el municipio de Puerto Libertador Córdoba”, suscrito entre la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba y el Consorcio Alcantarillado PL, por un valor de $8.964 millones y con una duración de 10 meses.
La apertura de este Proceso de Responsabilidad Fiscal tuvo su origen en la Auditoria y la Indagación Preliminar adelantada por la Gerencia Departamental de la CGR en Córdoba.
La obra no ha cumplido con la finalidad establecida, toda vez que el Municipio de Puerto Libertador cuenta con baja cobertura de alcantarillado, y en la actualidad existen barrios que no poseen alcantarillado sanitario, demostrando de esta manera el incumplimiento del objeto del contrato señalado.
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