Aerocivil: inspector vio 19 problemas y aun así dio el aval para el contrato de los helicópteros MI-17

Un nuevo capítulo se abrió en el escándalo de los helicópteros MI-17 del Ejército. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Juan Enrique, inspector de Seguridad Operacional de la Aerocivil, señalado de dar un aval irregular a la empresa que se quedó con el millonario contrato para el mantenimiento de estas aeronaves.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El funcionario no aceptó los cargos durante la audiencia.

El caso gira alrededor del contrato por 32 millones de dólares que obtuvo la compañía Vertol Systems para darle mantenimiento a los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, que llevan meses varados en la Fuerte Militar de Tolemaida por los problemas con ese acuerdo.

¿Qué fue lo que encontró la Fiscalía?

Según la investigación, entre el 11 y el 15 de noviembre de 2024 el inspector viajó a Florida, Estados Unidos, para adelantar una inspección dentro del trámite de renovación del Certificado de Funcionamiento y de la solicitud de nuevas capacidades de la compañía, que en ese momento participaba en el proceso de adjudicación del contrato.

Entre lo solicitado estaba el overhaul, es decir, la aprobación para hacer reparaciones mayores o generales de aeronaves, que incluye helicópteros.

El 20 de noviembre de 2024, el inspector presentó un informe en el que identificó 19 no conformidades y ordenó implementar un Plan de Acción Correctiva en los diez días siguientes. Entre las deficiencias, advirtió que la empresa no tenía capacidad para el mantenimiento de aeronaves de mayor envergadura, como los helicópteros MI-17, un requisito necesario para las labores del contrato.

Además, según la Fiscalía, el funcionario conocía de antemano un reporte del fabricante de los helicópteros que alertó a la Aerocivil de que la compañía no recibía asesoría, apoyo técnico ni capacitaciones para desarrollar actividades de overhaul.

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El aval de la Aerocivil que le abrió la puerta al contrato

Pese a todos esos hallazgos, ese mismo 20 de noviembre el inspector emitió un segundo reporte en el que dio concepto técnico favorable a la compañía e incluyó la capacidad de overhaul. De acuerdo con las pruebas citadas por la Fiscalía, las inconsistencias documentadas previamente no habían sido corregidas.

Para el ente acusador, ese segundo informe indujo a error a otros funcionarios de la Aerocivil, quienes el 26 de noviembre de 2024 expidieron el Certificado de Funcionamiento con las capacidades solicitadas. Esa certificación le habría permitido a la empresa quedarse con el contrato para el mantenimiento de los helicópteros militares.

Solo hasta el 9 de diciembre de ese año, es decir, después de expedido el certificado, la compañía presentó el Plan de Acción Correctiva que se le había ordenado semanas atrás.

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La imputación contra el inspector de la Aerocivil se suma a la investigación que la Fiscalía adelanta por el presunto entramado de corrupción montado para direccionar el contrato de los helicópteros MI-17, uno de los escándalos más sonados de los últimos meses en el sector defensa.

En ese mismo proceso ya han sido imputados exfuncionarios del Ministerio de Defensa y un coronel, y la Fiscalía llamó a juicio al exviceministro de Defensa Luis E. Suárez, señalado de participar en las presuntas irregularidades del acuerdo.

El contrato, además, dejó a los helicópteros MI-17 en tierra: las aeronaves permanecen varadas en Tolemaida a la espera del mantenimiento que debía garantizar el millonario acuerdo, una situación que ha afectado la operatividad de la flota del Ejército.

Mientras tanto, Juan Enrique deberá responder por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La Fiscalía continúa con las audiencias del caso y no se descartan nuevas imputaciones dentro de la investigación por el contrato de los MI-17.