Resumen: Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron enviados a prisión por el asesinato de dos subintendentes de la Policía, cometido en noviembre de 2025 en el corregimiento Altamira de Betulia, Antioquia. Según la Fiscalía, una de las procesadas, alias La Mona, habría informado la ubicación exacta de los uniformados. Los cuatro, capturados en octubre, no aceptaron cargos y el caso se relaciona con el Plan Pistola.
Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron enviados a prisión por su presunta participación en el asesinato de dos subintendentes de la Policía Nacional en el municipio de Betulia, en el Suroeste antioqueño. La medida de aseguramiento en centro carcelario fue impuesta por un juez de control de garantías, mientras avanza el proceso judicial en contra de los señalados.
Los hechos ocurrieron el 9 de noviembre de 2025 en el corregimiento Altamira, zona rural de Betulia. Ese día, los subintendentes Wilder Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastidas adelantaban labores de vigilancia y patrullaje cuando fueron sorprendidos por integrantes de la estructura criminal, que les dispararon con armas de largo alcance. Ambos uniformados perdieron la vida en el ataque.
Según la Fiscalía General de la Nación, entre los judicializados están Yonathan Vega y Valeria Higuita, conocida con el alias de ‘La Mona’, quienes habrían desempeñado diferentes funciones dentro del operativo armado que acabó con la vida de los dos policías.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el ente investigador, alias ‘La Mona’ habría utilizado un teléfono celular y un radio de comunicaciones para informar a otros integrantes del Clan del Golfo sobre la ubicación exacta de los dos subintendentes, información que habría sido clave para la ejecución del ataque.
Por su parte, Yonathan Vega es señalado de pertenecer al grupo de hombres armados que habría participado directamente en el asesinato de los uniformados en el corregimiento Altamira.
Una fiscal de la Seccional Antioquia imputó a Vega y a Higuita los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado; sin embargo, ninguno de los dos aceptó los cargos durante las audiencias.
En el mismo proceso también fueron judicializados Edison Bravo, conocido con los alias de ‘Yerbal’ o ‘Pachito’, y Lina Restrepo, quienes deberán responder por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado. Contra los cuatro procesados, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
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Cabe recordar que estos cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo habían sido capturados en octubre pasado, durante operativos simultáneos adelantados en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Betulia. Según el reporte oficial de ese momento, harían parte de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle y estarían directamente implicados en la acción armada en la que murieron los dos subintendentes.
Las autoridades relacionan este doble homicidio con el denominado ‘Plan Pistola’, una estrategia de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública que, según la investigación, fue ordenada por cabecillas del Clan del Golfo. Esta modalidad criminal ha tenido a Antioquia como uno de los departamentos más golpeados, con múltiples agresiones contra policías y militares en los últimos años.
El Suroeste antioqueño, subregión a la que pertenece Betulia, ha sido históricamente una zona de disputa entre estructuras ilegales por el control de corredores de narcotráfico que conectan con el Urabá y el Pacífico colombiano. La presencia del Clan del Golfo en esta área ha obligado a las autoridades a reforzar los operativos de seguridad en los municipios de la región.
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Vale aclarar que la medida de aseguramiento no constituye una condena. Los cuatro procesados deberán seguir compareciendo ante la justicia mientras la Fiscalía adelanta las investigaciones para esclarecer su participación en las actividades de la organización ilegal. En caso de ser hallados responsables, el homicidio agravado es uno de los delitos con penas más altas en el Código Penal colombiano, que pueden superar los 30 años de prisión cuando la víctima es un miembro de la Fuerza Pública.
El asesinato de los subintendentes Gallego y Chamorro fue uno de los hechos de violencia contra la Policía registrados en Antioquia a finales de 2025. La institución ha reiterado su llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita debilitar a las estructuras criminales que atacan a la Fuerza Pública, a través de la línea de denuncia 123 y de la Línea Contra el Crimen, donde las denuncias pueden hacerse de manera anónima.
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