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Resumen: Una alerta por la seguridad de funcionarios judiciales rodea la búsqueda de los responsables intelectuales del crimen del exsenador.
Puntos clave
- Los fiscales del caso habrían recibido amenazas atribuidas a disidencias de las Farc por el avance de la investigación.
- La alerta también cobijaría al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y a agentes del CTI.
- Los señalamientos contra presuntos determinadores del magnicidio deben ser establecidos por la justicia y no equivalen a condenas.
Los fiscales que investigan el magnicidio de Miguel Uribe Turbay habrían recibido amenazas de muerte relacionadas con el avance del expediente. La alerta también cobijaría a integrantes de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en medio de la búsqueda de quienes habrían ordenado el crimen del exsenador y precandidato presidencial.
El nuevo episodio pone el foco en la seguridad de los funcionarios que siguen las pistas del asesinato. El caso no solo busca esclarecer cómo se organizó el atentado, sino establecer las responsabilidades dentro de la cadena que habría permitido su planeación, financiación y ejecución.
Según una información de Semana, un mensaje atribuido a las disidencias de las Farc habría llegado contra los fiscales por vincular y responsabilizar en la investigación a cabecillas como alias ‘Iván Márquez’, ‘Enrique Marulanda’, ‘Jhon 40’ y ‘Zarco Aldinever’, entre otros.
El señalamiento sobre el origen de la amenaza corresponde a esa información periodística. La presunta participación de los nombres mencionados en el magnicidio forma parte de las hipótesis del expediente y no equivale, por sí misma, a una declaración judicial de culpabilidad.
La alerta también alcanza a policías e investigadores
La advertencia no estaría dirigida únicamente a los fiscales. También incluiría al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y a agentes del CTI, quienes aparecen entre los destinatarios de las intimidaciones reportadas.
Las autoridades estarían al tanto de esta situación. La información conocida no describe un operativo específico ni permite afirmar que ya se haya ejecutado un atentado contra esos funcionarios: lo que se reporta es una amenaza contra sus vidas.
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La diferencia es importante porque la alerta sobre la seguridad de los investigadores es un hecho distinto del proceso por el homicidio. Las actuaciones judiciales buscan determinar responsabilidades por el crimen, mientras las intimidaciones conocidas abren otro frente de preocupación alrededor de quienes adelantan esas labores.
El rastro de los presuntos determinadores del crimen
Entre los antecedentes del caso de Miguel Uribe está el requerimiento judicial conocido en noviembre contra siete cabecillas de la Segunda Marquetalia. El documento los llamó a comparecer ante la Fiscalía por su presunta participación como determinadores del asesinato.
En ese listado figuraron los alias ‘Iván Márquez’, ‘Zarco Aldinever’, ‘Jhon 40’, ‘Yako’, ‘Rumba’, ‘Enrique Marulanda’ y ‘Gonzalo’. El requerimiento contemplaba la posibilidad de avanzar con la imputación en ausencia si no se presentaban dentro del plazo previsto en la notificación.
Ese antecedente explica parte del contexto de las amenazas reportadas, pero no autoriza a dar por concluida la investigación ni a presentar como condenados a todos los señalados. La búsqueda de los presuntos autores intelectuales sigue siendo un eje del expediente.
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El proceso también ha tenido actuaciones en otras instancias. El 11 de noviembre se conoció la apertura de una indagación previa en la Corte Suprema de Justicia relacionada con los excongresistas Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán, conocido como ‘Marcos Calarcá’. Una indagación previa no es una imputación ni una condena, sino una revisión inicial de los elementos recibidos por el alto tribunal.
Miguel Uribe Turbay fue atacado a disparos el 7 de junio de 2025, durante un acto político en Modelia, en el occidente de Bogotá. El dirigente pertenecía al Centro Democrático y aspiraba a la Presidencia cuando fue atacado durante esa actividad. Tras permanecer hospitalizado por las heridas, falleció el 11 de agosto de ese año. Las nuevas amenazas reportadas se conocen mientras continúa el interés por establecer quiénes estuvieron detrás de la orden del crimen.
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