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Resumen: La Cancillería contrató por $286 millones una auditoría forense sobre 52 contratos de mínima cuantía celebrados entre 2022 y 2024. Según documentos conocidos por El Espectador, la revisión estará a cargo de la UID y tendrá plazo hasta el 31 de diciembre de 2026. El examen buscará posibles inconsistencias y riesgos, sin que su contratación implique responsabilidades ya probadas.
Puntos clave
- La revisión abarca 52 contratos de mínima cuantía celebrados entre 2022 y 2024.
- El Espectador reportó un contrato de auditoría por $286 millones con la UID.
- El examen incluye documentación contractual, financiera, societaria e informes de supervisión.
- La contratación de la auditoría no equivale a corrupción ni responsabilidades ya probadas.
La Cancillería contrató una auditoría forense para revisar 52 contratos de mínima cuantía celebrados entre 2022 y 2024, durante el gobierno de Gustavo Petro. Según documentos conocidos por El Espectador, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió un acuerdo por $286 millones con la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, UID.
El propósito es examinar la documentación y detectar posibles inconsistencias, riesgos o patrones que puedan requerir decisiones posteriores de la entidad. La contratación de la auditoría no equivale a una conclusión sobre corrupción ni a una decisión judicial contra las personas o empresas cuyos contratos serán revisados.
Qué revisará la auditoría de la Cancillería
El reporteo de El Espectador, publicado el 20 de noviembre, señala que la revisión abarca 52 contratos previamente identificados por el ministerio. Se trata de negocios celebrados bajo la modalidad de mínima cuantía en el periodo comprendido entre 2022 y 2024.
El alcance descrito no se limita a comprobar que los expedientes tengan los documentos exigidos. Incluye la recopilación y el análisis de información contractual, documental, societaria y financiera, además de la verificación de informes elaborados por los supervisores de los contratos.
Con esos insumos, el equipo encargado buscará establecer si existen comportamientos atípicos, inconsistencias o riesgos relevantes para la administración. El examen también contempla información relacionada con las personas naturales y jurídicas contratadas, de acuerdo con el contenido de los estudios previos reseñado por el diario.
Lea también: Los cuestionamientos anteriores de la Cancillería sobre contratos del gobierno Petro.
Un contrato por $286 millones y plazo hasta diciembre
La entidad que suscribió el acuerdo es el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. La organización escogida para adelantar el trabajo es la UID, cuyo nombre corresponde a la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa. El valor informado por El Espectador es de $286 millones.
Ese monto corresponde al servicio de auditoría contratado. No debe confundirse con el valor total de los 52 contratos sometidos a revisión ni presentarse como una suma que la auditoría ya haya determinado como perdida o mal utilizada.
Según la documentación citada por el medio, el plazo de ejecución del trabajo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. La novedad conocida ahora es la contratación del examen y su alcance, mientras que los resultados tendrán que surgir del proceso de revisión.
El Espectador también informó que, de acuerdo con los documentos de la entidad, sería la primera vez que la Cancillería y su Fondo Rotatorio contratan una auditoría forense para evaluar su contratación interna. La información fue retomada por Infobae, que coincide en el número de contratos, el periodo y el valor del servicio.
Qué riesgos busca identificar el examen
Entre los aspectos incluidos en el análisis aparecen posibles prácticas contractuales indebidas, riesgos de corrupción, conflictos de intereses e irregularidades documentales. También se mencionan eventuales acuerdos entre contratistas y estructuras societarias que puedan afectar los principios que orientan el uso de recursos públicos.
La enumeración describe los asuntos que los auditores deben buscar, no hechos que ya hayan establecido. Esa diferencia importa al leer el anuncio: el encargo tiene un enfoque de detección y sus hallazgos, si los hay, deberán sustentarse en la información que reúna el equipo.
El diario señala que la UID ha realizado trabajos para otras entidades públicas, entre ellas la Adres, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de Control Interno de Santiago de Cali. Esos antecedentes forman parte de la experiencia reseñada en los documentos preparatorios.
La revisión se conoce en medio de los cuestionamientos del gobierno de Abelardo de la Espriella a la gestión de la administración anterior. El Espectador recoge que el gobierno Petro ha negado irregularidades en sus procesos de contratación. Esas posiciones no sustituyen la evaluación concreta de los expedientes que ahora serán examinados.
Por eso, el alcance de esta noticia es preciso: hay un servicio contratado para revisar documentación y buscar señales que puedan justificar actuaciones posteriores. Los reportes consultados no contienen un informe final de esa auditoría ni una decisión que establezca responsabilidades por los 52 contratos.
La información sobre el acuerdo, su valor y las obligaciones de revisión corresponde a los documentos conocidos y descritos por El Espectador. Minuto30 presenta ese alcance con atribución al reporteo del diario y sin convertir las posibles irregularidades que se investigarán en conclusiones anticipadas.
Lea también: La auditoría a nombramientos que reportó Prosperidad Social.
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