¡Alerta en el sur de Bolívar! Defensoría exige respuesta urgente del Estado tras la escalada de violencia

La Defensoría del Pueblo prendió las alarmas por lo que ocurre en el sur de Bolívar. Tras el ataque con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, la entidad pidió que el Estado responda con urgencia a una crisis humanitaria que, según advirtió, lleva meses agravándose y que no se puede tratar como un hecho aislado.

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Un ataque en pleno consejo de seguridad

Según la Defensoría, la agresión contra el cantón ocurrió en la cabecera municipal mientras las autoridades adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía. Ese espacio había sido convocado después del asesinato de tres personas, registrado un día antes en el municipio. La entidad expresó su solidaridad con los integrantes de la Fuerza Pública afectados y con sus familias.

Para el organismo, lo sucedido en Santa Rosa del Sur hace parte de un deterioro más amplio. Por eso insistió en que la violencia en la región tiene antecedentes documentados y que las alertas ya habían sido puestas en conocimiento de las autoridades.

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Una disputa armada que golpea a los civiles

La Defensoría explicó que, en la Serranía de San Lucas, el ELN, el Clan del Golfo (que se autodenomina EGC) y las disidencias al mando de alias Calarcá se enfrentan por el control del territorio, las rentas de la minería y los corredores estratégicos. Quienes más pagan esa disputa son las comunidades campesinas.

Las cifras que entregó la entidad son contundentes. Entre mayo y septiembre de 2026 conoció 22 emergencias humanitarias asociadas a confinamientos y desplazamientos forzados masivos. Esas emergencias afectaron al menos a 11.135 personas, de 4.939 familias, en municipios del sur de Bolívar.

A eso se suman la presencia de minas antipersonal, las restricciones para moverse, la dificultad para recibir alimentos y medicamentos y las interrupciones de las clases. Según el organismo, el confinamiento ha sido la principal forma de afectación en las zonas rurales.

Estaciones de Policía en la mira

La Defensoría recordó además los ataques repetidos contra instalaciones policiales de la región. La estación de Arenal fue atacada el 29 de marzo y de nuevo el 11 de julio, con graves daños en su infraestructura. El 19 de agosto, la estación de Norosí fue blanco de drones con explosivos y ráfagas de fusil, en un ataque que dejó ocho policías heridos y puso en riesgo a una institución educativa cercana.

La entidad añadió que persisten las amenazas contra las guarniciones policiales de otros municipios del sur de Bolívar, lo que aumenta el riesgo para la población civil.

Alerta temprana sin respuesta completa

Santa Rosa del Sur está cubierto por la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo informe de seguimiento más reciente salió en agosto de este año. Pese a que los riesgos persisten y se han agravado, la Defensoría señaló que aún no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).

La entidad recordó a todos los grupos armados su obligación de respetar el derecho internacional humanitario, en particular los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Advirtió que el uso de explosivos en zonas pobladas es un riesgo especialmente grave para los civiles.

Los llamados de la Defensoría

• Al Ministerio del Interior, que convoque de forma urgente la CIPRAT para evaluar los riesgos y revisar si se han cumplido las recomendaciones.
• A las autoridades nacionales, departamentales y municipales, que tomen medidas inmediatas para proteger a la población en la cabecera, los corregimientos y las veredas de Santa Rosa del Sur.
• A la Alcaldía, la Gobernación de Bolívar y la Unidad para las Víctimas, que verifiquen posibles desplazamientos y activen las rutas de atención humanitaria.
• A las autoridades de salud y los organismos de socorro, que garanticen la atención de los heridos y acompañen a las familias de las víctimas.
• A la Fiscalía, que investigue y esclarezca los homicidios y los ataques contra las instalaciones militares, e identifique a los responsables.

La Defensoría anunció que seguirá haciendo seguimiento a la situación humanitaria y al cumplimiento de sus recomendaciones. Su mensaje final fue claro: las comunidades del sur de Bolívar no pueden seguir enfrentando las consecuencias de una violencia cuyos riesgos ya fueron advertidos.