La JEP entrega su sede y se va a trabajar virtual: los duros recortes con los que arranca Danilo Rojas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estrenó presidente con un anuncio que sacude al sector justicia: la jurisdicción comenzará a trabajar de manera virtual, entregará su edificio sede y eliminará los esquemas de protección de magistrados, fiscales y secretarios ejecutivos, dentro de un drástico plan de austeridad anunciado por el fuerte recorte presupuestal que le aprobó el Congreso para 2027.

El anuncio lo hizo Danilo Rojas Betancourth durante su acto de posesión como nuevo presidente de la JEP, el jueves 5 de noviembre, en reemplazo del magistrado Alejandro Ramelli. En la misma ceremonia asumió como vicepresidenta la magistrada Diana María Vega Laguna.

“Hemos decidido reducir los esquemas de protección de magistrados, fiscales y secretarios ejecutivos. De hecho, estos últimos no los reducirán, prescindirán de ellos”, afirmó Rojas, quien agregó que, “muy a nuestro pesar”, también se variarán y reducirán los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes, una medida con la que la jurisdicción espera ahorrar cerca de 37 mil millones de pesos al año.

Por la sensibilidad de esa decisión, el nuevo presidente de la JEP anunció que le pedirá de inmediato al Gobierno Nacional asumir la responsabilidad de la protección de víctimas, testigos y comparecientes, “con base en lo establecido en las normas pertinentes”.

Recorte del 85 % de los contratos y adiós a la sede

Otra de las medidas anunciadas por Rojas es el recorte del 85 % de los contratos de prestación de servicios de la jurisdicción, lo que representará un ajuste aproximado de 83 mil millones de pesos. A esto se suman la entrega del edificio sede y el paso al trabajo virtual, decisiones con las que la entidad busca mostrar austeridad en medio de los cuestionamientos por sus gastos y por el manejo de sus recursos.

Las medidas se conocen justo cuando la JEP atraviesa una de sus etapas más decisivas: avanza en el cierre de las investigaciones de sus 11 macrocasos y en los juicios contra quienes no aportaron verdad ni reconocieron responsabilidad, en el camino de cerrar jurídicamente los procesos del conflicto armado.

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¿Por qué la JEP se quedó sin plata?

El telón de fondo es el recorte de unos 170.000 millones de pesos que el Congreso le aprobó al presupuesto de la JEP para 2027. El Gobierno había radicado una asignación de 821.803 millones de pesos, que ya presentaba un faltante de 125.839 millones frente a los 947.642 millones solicitados por la jurisdicción. Con la reducción, el presupuesto quedaría en cerca de 651.803 millones de pesos, es decir, un 16,6 % menos que el vigente de 2026.

El recorte nació de una propuesta del senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, en medio del debate del Presupuesto General de la Nación, y contó con el aval del Gobierno de Abelardo De la Espriella.

Según el Gobierno Nacional, esos recursos serán trasladados al Consejo Superior de la Judicatura para aliviar la situación de la justicia ordinaria, en medio de los cuestionamientos del Ejecutivo a los gastos y al manejo de los recursos de la jurisdicción.

La jurisdicción ha advertido que el tijeretazo pone en riesgo la atención y la protección de las víctimas: en la JEP están acreditadas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos que representan a unas 634.804 personas, además de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública. Con los recursos disponibles, la entidad asegura que solo podría cubrir en promedio cuatro meses de medidas de protección.

La JEP, sin embargo, defiende el manejo de sus recursos. Asegura que tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no registra hallazgos de corrupción, que desde 2019 su ejecución presupuestal supera el 87 % y que entre 2024 y julio de 2026 ya había logrado ahorros por unos 21.575 millones de pesos con medidas de eficiencia del gasto.

A la crisis presupuestal se suma otro frente: en el Congreso cursa un proyecto que busca que la jurisdicción termine su labor en 2028, cinco años antes de la vigencia prevista hasta 2033.

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¿Quién es Danilo Rojas, el nuevo presidente de la JEP?

Rojas fue elegido el 20 de octubre con 23 de los 38 votos de la Sala Plena, por encima de los magistrados Reinere Jaramillo, que obtuvo 11 votos, y Camilo Suárez, con dos. Era su tercer intento por llegar a la presidencia de la jurisdicción, que dirigirá hasta noviembre de 2028.

Nacido en San Antonio (Tolima), es abogado de la Universidad Libre, con maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Nacional. Fue magistrado y presidente del Consejo de Estado, dirigió la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y llegó a la JEP en 2018, donde se desempeñaba como vicepresidente de la Sección de Apelación. También fue uno de los magistrados que firmaron la decisión que mantuvo al exparamilitar Salvatore Mancuso dentro de la jurisdicción.

Con este plan de austeridad, el nuevo presidente de la JEP arranca su mandato de dos años tratando de cuadrar las cuentas de la justicia transicional, mientras insiste en que el recorte pone en riesgo los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia.