Resumen: Un juez de Barrancabermeja ordenó embargar una cuenta bancaria del Pacto Histórico por un préstamo de 450 millones de pesos que la empresaria Bibiana Pérez entregó en 2022 para la campaña presidencial de Gustavo Petro y que, asegura, nunca le devolvieron. La medida alcanza a la colectividad porque asumió las obligaciones de Colombia Humana tras la fusión. Ricardo Roa, exgerente de la campaña, enfrenta además un proceso penal por topes de gasto y su audiencia de acusación es el 30 de octubre.
Un juez de Barrancabermeja, en Santander, ordenó el embargo de una cuenta bancaria del Pacto Histórico dentro de un proceso judicial por un préstamo de $450 millones que, según la demandante, fue entregado para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y que, asegura, todavía no le ha sido devuelto.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja y se conoció este martes 27 de octubre. La orden, firmada el pasado 23 de septiembre por el juez Deybi Fabián Pinilla Ríos, dispone el embargo de los recursos depositados, o que lleguen a depositarse, en una cuenta de ahorros de la colectividad en la cooperativa financiera Confiar.
La demandante es Bibiana Piedad Pérez Arroyo, una empresaria santandereana que, de acuerdo con la información revelada inicialmente por La Silla Vacía, entregó el dinero el 18 de mayo de 2022, pocos días antes de la primera vuelta presidencial. Cuatro años después, sostiene que la obligación no ha sido saldada y reclama la devolución del préstamo junto con los intereses correspondientes.
Aunque el préstamo reclamado asciende a $450 millones, el juez fijó un límite de hasta $1.500 millones para el embargo. Esa es la cantidad máxima a la que puede aplicarse la medida cautelar, no el valor original de la deuda. Además, ordenó que el dinero embargado sea consignado a disposición del juzgado en el Banco Agrario.
El auto aclara que algunos recursos están protegidos por la ley y no pueden ser embargados, como determinadas transferencias de la Nación y los dineros del sistema de seguridad social. La orden tampoco significa que la empresaria ya haya recuperado el dinero: el documento confirma la medida, pero no establece si la cooperativa Confiar ya retuvo los recursos ni cuánto dinero había en la cuenta en el momento de la decisión.
¿Por qué el embargo afecta al Pacto Histórico?
El proceso fue dirigido inicialmente contra Colombia Humana y contra Ricardo Roa Barragán, quien fue gerente de la campaña presidencial de Petro en 2022 y expresidente de Ecopetrol. Cuando Colombia Humana y otras organizaciones políticas se fusionaron para conformar el Pacto Histórico como partido único, sus responsabilidades jurídicas y administrativas pasaron a la nueva colectividad. Por eso una cuenta del partido quedó incluida en las medidas judiciales relacionadas con el cobro del préstamo.
Dentro del mismo expediente ya se habían ordenado otras medidas contra Roa: el embargo de su salario y el secuestro de siete inmuebles que aparecen a su nombre, según consta en las actuaciones previas del proceso.
La decisión judicial contra el Pacto Histórico se conoce justo después de que el presidente Gustavo Petro asumiera como líder político de la colectividad, tras una reunión interna en la que fue escogido por unanimidad para encabezar al partido de cara a los próximos retos electorales.
Ricardo Roa enfrenta además un proceso penal
El exgerente de campaña también afronta un proceso penal por la presunta violación de los topes de gasto en campañas electorales. La Fiscalía lo imputó en mayo de 2026, al considerar que, como gerente, tenía funciones de administración financiera, ordenación del gasto, control de la cuenta única y presentación de informes ante el Consejo Nacional Electoral.
Según la hipótesis del ente investigador, la campaña habría superado el límite de gastos en aproximadamente $1.388 millones durante la primera vuelta y en cerca de $276 millones en la segunda. Roa no aceptó los cargos y se declaró inocente; no existe una sentencia penal en su contra, por lo que conserva la presunción de inocencia. La audiencia de acusación está programada para este viernes 30 de octubre ante el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.
Roa enfrenta, además, una investigación distinta por presunto tráfico de influencias, relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y un posible vínculo con contratos de Ecopetrol. Ese expediente no hace parte de la investigación por la campaña presidencial de 2022.
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