Santurbán, otra vez en la mira: la Procuraduría pide que las comunidades tengan voz en el páramo

La discusión sobre el páramo de Santurbán vuelve a calentarse en los estrados. La Procuraduría General de la Nación advirtió que las decisiones para proteger este ecosistema deben contar con la participación efectiva de las comunidades que viven y trabajan en la zona.

El pronunciamiento se da en medio de una acción popular que se tramita ante el Tribunal Administrativo de Santander, un proceso clave para definir cómo se protegerá el complejo de páramos, estratégico para el abastecimiento de agua y la conservación de la biodiversidad en Santander.

Para intervenir en el caso, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, designó mediante la Agencia Especial 054 del 21 de octubre de 2026 a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios.

¿Qué le pidió la Procuraduría al Tribunal?

Uno de los puntos centrales de la intervención es revisar en qué condiciones se garantizó la participación ciudadana cuando se expidió la Resolución 0221 de 2025, con la que se declaró una reserva temporal en el territorio.

Además, el Ministerio Público solicitó al Tribunal valorar de manera integral los estudios científicos, las actuaciones administrativas que siguen pendientes y las órdenes judiciales vigentes antes de adoptar nuevas medidas cautelares sobre el páramo de Santurbán.

También pidió examinar si los plazos planteados para decidir sobre la continuidad de la reserva temporal son necesarios y viables.

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La entidad dejó claro que la protección ambiental y la participación ciudadana no son caminos opuestos. Para el Ministerio Público, una decisión sobre el territorio debe tener respaldo técnico, pero también debe escuchar a quienes conviven a diario con el ecosistema.

La Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional es la referencia a la que volvió la Procuraduría para que las decisiones de las autoridades no choquen con lo ordenado por los jueces.

¿Qué fallas detectó en la participación de la gente?

La Procuraduría recordó que, junto con la Defensoría del Pueblo, identificó dificultades en la convocatoria y socialización de la propuesta, obstáculos para presentar observaciones e inconsistencias en las respuestas a las inquietudes de los ciudadanos.

Esas observaciones quedaron consignadas en el vigésimo segundo informe de cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, presentado el 5 de mayo de 2025.

Según el Ministerio Público, desde febrero de ese año ya se habían solicitado espacios de diálogo con las comunidades y una revisión de la extensión territorial propuesta para la reserva.

En su pronunciamiento, la entidad fue enfática: la participación no puede limitarse a recibir comentarios. Las autoridades, dijo, deben analizar los aportes de los habitantes y responder de manera clara y sustentada, sobre todo cuando las decisiones tienen efectos sobre el territorio y las actividades económicas de quienes viven allí.

¿Qué papel juega el principio de precaución?

Otro de los aspectos que abordó la Procuraduría es la aplicación del principio de precaución, que permite adoptar medidas frente a riesgos de daños ambientales graves o irreversibles aun cuando no hay certeza científica absoluta.

Sin embargo, el Ministerio Público señaló que su aplicación debe considerar la información científica disponible y la valoración de los riesgos, sin desconocer el debido proceso ni las garantías de participación ciudadana.

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Por eso insistió en que las decisiones que se tomen sean coherentes con las órdenes judiciales existentes, en particular con la Sentencia T-361 de 2017, para evitar contradicciones que puedan afectar la protección integral del ecosistema.

Mientras el Tribunal Administrativo de Santander estudia el caso, el debate sobre el futuro del páramo de Santurbán sigue abierto, con la participación de las comunidades como uno de los puntos que más pesan en la discusión.