Defensora Iris Marín pide a Corte Suprema y Comisión de Acusaciones priorizar investigación contra Petro

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió este domingo 25 de octubre a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación priorizar de manera inmediata la investigación de los hechos denunciados por Deicy Jiménez, la mujer de 26 años que en una entrevista publicada hoy por la revista Semana señaló al expresidente Gustavo Petro de haberle pagado servicios sexuales con contratos estatales.

«La gravedad de esta denuncia no da margen de espera. Respetuosamente, solicitaremos la priorización inmediata para la investigación de estos hechos, tanto en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación», escribió la jefa del Ministerio Público en su cuenta de X.

La funcionaria agregó que «las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben».

Y cerró su mensaje con un principio: «Las autoridades deben operar con autonomía e independencia y proteger a las víctimas, sin importar la dignidad de quien pueda llegar a resultar responsable».

¿Qué significa el llamado de la Defensora?

Con su solicitud, Marín apunta a los tres frentes desde los que el Estado podría investigar los señalamientos contra el expresidente. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es la instancia competente para investigar penalmente a los aforados constitucionales; la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la encargada de adelantar los procesos contra el presidente de la República y otros altos funcionarios con fuero especial, y la Procuraduría General de la Nación es el órgano que investiga en lo disciplinario a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas.

La defensora del Pueblo, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de Colombia, es constitucionalista y fue elegida por la Cámara de Representantes en agosto de 2024 con 170 votos. Antes de llegar al Ministerio Público se desempeñó como magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Corte Constitucional.

La denuncia que puso a temblar al país

En la entrevista con la revista Semana, Deicy Jiménez aseguró que habría sostenido una relación íntima con Petro y que habría recibido contratos con el Estado durante cerca de cinco años, una situación que, en su concepto, configuraba un abuso de poder. También habló de la presunta existencia de una red de entre 30 y 40 mujeres en condiciones similares y manifestó que temía represalias por haber decidido hablar. Esos señalamientos corresponden únicamente a su testimonio y no han sido verificados judicialmente.

Los registros del Portal Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia muestran que Jiménez ha suscrito diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026: siete con entidades del Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Uno de ellos, firmado con el Ministerio del Interior el 21 de enero de este año por $30.457.000, sigue vigente y tiene fecha límite de ejecución el 31 de diciembre.

Un caso que ya moviliza a las instituciones

El pronunciamiento de la defensora se suma a otras reacciones institucionales registradas a lo largo de este domingo. Horas después de conocidas las declaraciones, el Instituto Anticorrupción presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se esclarezcan posibles irregularidades en la contratación pública relacionada con los señalamientos de Jiménez.

Además, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunciaron la activación de la ruta de protección para salvaguardar la vida, la seguridad y la integridad de la denunciante, una medida adoptada por instrucción expresa del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

Frente a las denuncias, el expresidente Gustavo Petro no se ha pronunciado públicamente hasta el momento.

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