Construyendo ciudadanía joven

Desde hace 15 años se ha venido avanzando progresivamente en la incorporación a la agenda pública de temas concernientes a la juventud y el reconocimiento de los derechos por pertenecer a este sector poblacional.

Por: Eliana Katherine Gómez Mejía*

Con la Ley 375 de 1997, se buscó dotar de herramientas al Estado para formar y capacitar a nuevos liderazgos, complementando el Gobierno Escolar con los Consejos Municipales de Juventud, generando espacios de articulación de la política sectorial en instancias como los Consejos Departamentales de Juventud y a su vez el Consejo Nacional; los cuales fundamentarían sus estrategias básicamente en los Sistemas conformados en las diferente escalas territoriales.

No obstante, careciendo en ocasiones de voluntad política al igual que falta de información, el país se ha quedado corto en la implementación de esta norma, y más que un balance positivo, lo que se percibe es un balance desalentador, pues mayoritariamente se elegían los CMJ, simplemente por cumplir con la ley, pero estos no ejercían su función, y menos velaban por garantizar los derechos de las y los jóvenes.

El nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil aprobado el año pasado por el Congreso de la República y declarado Exequible por la Corte Constitucional en el mes de Octubre del presente año, muestra un panorama más alentador, al ser un mandato Estatutario, y unificar fechas como lo son las elecciones de los CMJ en todo el territorio nacional durante el mes de octubre con un periodo de cuatro (4) años, la Semana de la Juventud en el mes de agosto y la celebración de Asambleas Juveniles los últimos fines de semana de los meses de enero y julio.

Todos estos espacios que son de obligatorio cumplimiento, servirán de guía y apoyo para orientar los diferentes planes y programas que se establezcan en las diferentes administraciones municipales.

Con este nuevo Estatuto se denota el compromiso del  Gobierno Nacional con la juventud colombiana, pretendiendo pasar del simple reconocimiento de las juventudes como sujetos de derechos, sino además ver este sector poblacional como agentes de desarrollo en capacidad de ejercer una ciudadanía plena, yendo más allá del depósito de un voto.

El reto de la nueva norma es lograr lo que no se logró con la 375 y es tener una verdadera difusión e implementación por parte de los gobiernos locales, quienes finalmente son los que tienen la mayor responsabilidad de incorporar en sus agendas programas serios y transversales que atiendan las diferentes problemáticas de las y los jóvenes según las dinámicas territoriales.

Hago un llamado para los gobiernos que tienen previstas elecciones del CMJ este fin de año o a inicios del 2013, para que acojan la función de advertencia de la Contraloría expedida en meses pasados y se abstengan de realizarla toda vez que estarían incurriendo en detrimento patrimonial y le estarían violando los derechos a las y los jóvenes de 26 a 28 años que quieran participar en dicho proceso.

*Analista Política | Asesora en Juventud y Género.