Resumen: El Tribunal Superior de Medellín ordenó a la UNP devolver el esquema de seguridad al secretario Carlos Arcila. El fallo alerta sobre riesgos contra líderes sociales.
En una decisión que pone en jaque las políticas de protección del Gobierno Nacional, el Tribunal Superior de Medellín emitió un fallo de segunda instancia en el que ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) devolverle de inmediato el esquema de seguridad a Carlos Alberto Arcila, actual secretario de Paz y Derechos Humanos de la capital antioqueña.
La medida llega tras una acción de tutela interpuesta por el funcionario, quien denunció quedar en una situación de vulnerabilidad extrema luego de que, en junio pasado, le retiraran los escoltas y vehículos oficiales que lo acompañaban.
El fallo, con fecha del 15 de enero de 2026, es contundente al señalar que la UNP puso en riesgo la vida e integridad de Arcila al desmontar su protección sin un análisis de riesgo actualizado.
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El tribunal no solo exige la restitución de su seguridad, sino que demanda una nueva evaluación técnica que considere su larga trayectoria como defensor de derechos humanos y líder social, rol que ha desempeñado con firmeza incluso antes de llegar al gabinete municipal.
La justicia advirtió que ignorar las amenazas contra quienes defienden la vida en el actual contexto del país es una omisión grave.
La situación en Antioquia no es para menos. El documento judicial revela cifras que han encendido las alarmas: solo en 2025 fueron asesinados 27 líderes sociales en el departamento, sumándose a una macabra lista de 187 víctimas a nivel nacional.
Ante este panorama, el secretario Arcila no se guardó nada y responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro y al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por cualquier atentado que pudiera sufrir, exigiendo que se fortalezcan las garantías para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en territorios golpeados por la extorsión y la minería ilegal.
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