Resumen: El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Gobierno nacional diseñar e implementar un plan de intervención para el municipio de Briceño, con el fin de atender la situación de orden público y el riesgo que enfrenta la población civil. La decisión incluye la conformación de un Consejo de Seguridad extraordinario y la entrega de información sobre el pie de fuerza y desplazamientos en la zona. La medida busca acelerar la respuesta institucional ante la presencia de estructuras armadas ilegales en el norte de Antioquia.
El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Gobierno nacional la elaboración y ejecución de un plan de intervención urgente en el municipio de Briceño, norte del departamento, debido a la situación de riesgo que afronta la población civil por la presencia de estructuras armadas ilegales.
La decisión judicial se da en el marco de una acción popular respaldada por la Gobernación de Antioquia, que alertó sobre el deterioro del orden público en la zona, marcado por disputas territoriales y economías ilícitas.
De acuerdo con el fallo, la orden está dirigida a la Presidencia de la República y a los ministerios de Defensa y del Interior, entidades que deberán diseñar e implementar el plan en un plazo máximo de 30 días, con el objetivo de garantizar la protección de los habitantes del municipio.
Medidas y requerimientos del Tribunal
Como parte de las disposiciones adoptadas, el Tribunal también ordenó la conformación de un Consejo de Seguridad extraordinario de carácter temporal, el cual deberá ser liderado por la Presidencia de la República y tendrá como función coordinar acciones y estructurar una política de intervención para la protección de la población civil.
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Además, el alto tribunal solicitó a la Presidencia entregar, en un término de 10 días hábiles, información relacionada con el número de efectivos necesarios para atender la situación de seguridad en la región, así como los reportes de desplazamiento registrados por las entidades competentes.
El fallo advierte que en el municipio estarían comprometidos derechos colectivos como la paz, la seguridad pública, el goce del espacio público y la protección de los bienes públicos, debido a la presencia y disputa de estructuras armadas ilegales.
Respaldo del Gobierno departamental
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la decisión del Tribunal y aseguró que esta respalda las alertas que ha venido realizando la administración departamental sobre la situación en el norte del departamento.
“El tribunal reconoce lo que hemos denunciado: los habitantes de Briceño enfrentan un riesgo inminente y constante por la presencia de estructuras armadas ilegales, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas”, expresó el mandatario a través de su cuenta en X.
Según la Gobernación, el municipio ha registrado en los últimos meses una creciente presión de grupos armados ilegales, lo que ha generado preocupación por la seguridad de la población y posibles desplazamientos.
Con esta decisión, el Tribunal busca acelerar la respuesta institucional frente a la crisis de seguridad en la región y garantizar acciones coordinadas entre el Gobierno nacional y las autoridades locales.
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