¡Tensión en el Bajo Cauca! El Clan del Golfo retuvo a 12 contratistas de EPM en zona rural de Nechí

Momentos de tensión se vivieron en la zona rural del municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, luego de que una cuadrilla de contratistas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) fuera retenida de manera ilegal mientras adelantaba labores técnicas en el territorio. El hecho ocurrió en la mañana de este lunes y finalizó horas después con la liberación de los trabajadores, quienes no presentaron afectaciones físicas.

Los contratistas, un grupo conformado por 12 personas, se encontraban realizando trabajos de mantenimiento en la red eléctrica en el corregimiento Colorado, ubicado a varios kilómetros del casco urbano. Durante el desarrollo de estas actividades, fueron interceptados por integrantes del grupo armado ilegal Clan del Golfo, quienes les impidieron continuar con las labores y los mantuvieron bajo su control durante varias horas.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, la retención habría tenido como finalidad verificar la identidad de los trabajadores y descartar la presencia de posibles infiltrados de la Fuerza Pública o personas dedicadas a labores de inteligencia en la zona, una práctica recurrente de los grupos armados ilegales que ejercen control territorial en esta subregión del departamento.

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Hacia el mediodía, los contratistas fueron dejados en libertad y trasladados posteriormente al municipio de Caucasia, donde se confirmó que todos se encontraban en buen estado de salud. Las autoridades indicaron que no se reportaron agresiones ni daños físicos durante el tiempo que permanecieron retenidos.

La Policía recordó que existe un acuerdo previo con EPM para que este tipo de desplazamientos en zonas de alto riesgo sean informados con antelación, con el fin de brindar acompañamiento y reducir situaciones que pongan en peligro al personal técnico. Sin embargo, en esta ocasión, dicho aviso no se habría realizado, lo que dejó a la cuadrilla expuesta a la acción de grupos armados ilegales.

Este episodio se suma a otros antecedentes registrados en la región, donde organizaciones criminales han obstaculizado en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, generando afectaciones tanto a los trabajadores como a las comunidades que dependen del servicio.