¿También lo pagarán sembrando «arbolitos»? La JEP imputa a Timochenko y Pastor Alape por crímenes de guerra

En la noche de este martes 3 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de los extintos bloques Magdalena Medio y Caribe de las Farc-EP como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el norte y el nororiente del país.

La decisión, que hace parte del Caso 10 y salió del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, alcanza a dos exintegrantes del último Secretariado de la guerrilla: Rodrigo Londoño, conocido como «Timochenko» o «Timoleón Jiménez», y Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido como «Pastor Alape». Los otros nueve imputados fueron comandantes regionales de las dos estructuras.

Los 11 excomandantes imputados

Por el extinto Bloque Magdalena Medio fueron imputados Erasmo Traslaviña Benavides, «Jimmy Guerrero»; Pedro Trujillo Hernández, «Alberto Cancharina», y Jairo Reinaldo Cala Suárez, «Jairo Quintero» o «Jairo Mechas».

Y por el Bloque Caribe, también conocido como Bloque Martín Caballero, fueron imputados Abelardo Caicedo Colorado, «Solís Almeida»; Osmany Landero Fajardo, «Hernando González»; Gilberto de Jesús Giraldo David, «Aldemar Altamiranda»; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, «Leonardo Muñoz»; Uriel Antonio Oviedo Aldana, «Manuel Ortiz» o «Mañe», y Héctor Enrique Hernández López, «Fabio Borges». De todos ellos, solo Oviedo había sido capturado por la justicia ordinaria antes de la firma del Acuerdo de Paz.

De qué se les acusa

La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que los 11 comparecientes son máximos responsables de los crímenes de guerra de homicidio, desplazamiento forzado, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, destruir o apoderarse de bienes del enemigo, dirigir ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como hospitales, escuelas e iglesias, matar o herir a traición por medio de engaños, tortura, tratos crueles, violación y violencia sexual.

Además, deberán responder ante la Justicia Transicional Restaurativa por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos, violación y violencia sexual. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir perdón judicial.

El desplazamiento forzado fue el delito más recurrente documentado por la Sala, con 263 hechos, seguido de 204 homicidios y 53 desapariciones forzadas.

Los hechos que marcaron al país

El auto recoge crímenes que quedaron en la historia nacional, como la toma guerrillera de Chalán y el atentado con «burro bomba» en ese municipio de Sucre, en 1996; el atentado contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla, en 2002; la masacre de la finca La Duquesa, en Tibú, en el Catatumbo, en 2004; la masacre de Río Chiquito; los atentados urbanos con explosivos en Maicao, Barrancabermeja y Barranquilla, y el carro bomba contra Caracol Radio en 2010.

El Bloque Magdalena Medio operó en Santander, Norte de Santander, el sur de Bolívar, el sur del Cesar, el noroccidente de Boyacá y el nordeste, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio antioqueño. El Bloque Caribe lo hizo en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre, en especial en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, los Montes de María y La Mojana.

733 víctimas y décadas de impunidad

La imputación se adoptó tras estudiar las acreditaciones y los relatos de 733 víctimas: campesinos, familias ganaderas, jornaleros, docentes, líderes comunitarios, comerciantes, autoridades locales y personas de los pueblos indígenas Barí, Kankuamo, Zenú, Wiwa y Wayuu. La Sala también tuvo en cuenta 72 informes de víctimas y organizaciones de derechos humanos, 15 versiones colectivas y nueve individuales de exintegrantes de la guerrilla y 1.859 denuncias de la Fiscalía.

Según la JEP, en el Caribe y el Magdalena Medio el desplazamiento y la desaparición forzada registraron un 100 % de impunidad; más del 95 % de los procesos abiertos nunca llegaron a juicio y más del 72 % no pasó de la etapa de indagación preliminar, en parte porque fiscales y jueces fueron perseguidos, amenazados y, en algunos casos, asesinados durante la guerra.

Este es el tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 10, en el que ya se han acreditado 4.647 víctimas en todo el país. La decisión incluye, además, una imputación conjunta con el Subcaso 01 del Caso 11, al demostrar que la violencia sexual fue utilizada por la extinta guerrilla como una herramienta de castigo contra mujeres y hombres.

Los 11 excomandantes tienen plazo hasta el próximo 8 de diciembre para reconocer por escrito su responsabilidad o rechazar las imputaciones. Si aceptan los hechos y contribuyen al esclarecimiento de la verdad, podrán participar en una audiencia de reconocimiento y recibir sanciones restaurativas, que incluyen restricciones efectivas de la libertad, pero no cárcel.

Frente a esa posibilidad, la pregunta que queda sonando es si los 11 excomandantes también lo pagarán sembrando «arbolitos», mientras cientos de víctimas de Chalán, Tibú, Maicao y Barranquilla siguen esperando verdad y reparación.

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