Ministro del Interior designado denuncia amenazas contra Angie Rodríguez por no autorizar millonario traslado

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, aseguró que Angie Rodríguez habría recibido amenazas por las denuncias que ha realizado sobre presuntas irregularidades en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según afirmó, la funcionaria también habría sido presionada para guardar silencio tras negarse a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo Adaptación.

A través de sus redes sociales, Lara informó que sostuvo una conversación telefónica con Angie Rodríguez y con Didier Blanco, director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con el futuro ministro, durante ese diálogo la funcionaria confirmó que ha sido objeto de amenazas y de presiones relacionadas con decisiones administrativas dentro de la entidad.

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El designado jefe de la cartera política hizo un llamado a los funcionarios del Fondo Adaptación para que, según expresó, no acaten órdenes que calificó como irregulares y pidió proteger los recursos públicos.

Además, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría para que verifiquen cualquier actuación relacionada con el presunto traslado de recursos.

Rodrigo Lara también aseguró que, por instrucción del presidente electo Abelardo De La Espriella, Angie Rodríguez contará con un esquema de protección una vez inicie el nuevo Gobierno el próximo 7 de agosto. En ese contexto, cuestionó el funcionamiento de los actuales esquemas de seguridad y afirmó que la nueva administración garantizará medidas de protección para la funcionaria.

Las declaraciones se conocen en medio del proceso de transición presidencial y luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente la gestión de Rodríguez y ordenara su salida del Fondo Adaptación. Mientras el Gobierno saliente sostiene que la decisión responde a motivos administrativos, el equipo del presidente electo afirma que el caso está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

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