Roberto Prieto Uribe, imputado por el millón de dólares de Odebrecht que no aparecía en la campaña Santos

La Fiscalía imputó a Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, por los presuntos delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. La diligencia se realizó el 5 de noviembre de 2026, doce años después de las elecciones que se investigan.

Según el ente acusador, Prieto habría dejado por fuera de las cuentas oficiales un millón de dólares que la multinacional brasileña Odebrecht aportó a la campaña, a través del pago de estudios de opinión y estrategia política.

¿Cómo habría llegado el millón de dólares de Odebrecht?

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Odebrecht firmó el 2 de febrero de 2014 un contrato con la sociedad panameña Paddington Venture, vinculada a la agencia de publicidad Sancho BBDO, para hacer estudios sobre la candidatura de Santos.

Esos trabajos incluían la evaluación de piezas publicitarias, la medición de la percepción ciudadana, el análisis del comportamiento electoral y recomendaciones estratégicas. Los pagos se habrían hecho entre marzo y abril de 2014, y el dinero no entró directamente al país.

Odebrecht es la multinacional brasileña que, durante la década pasada, quedó en el centro de escándalos de corrupción en distintos gobiernos de América Latina. En Colombia, el caso ha derivado en varias investigaciones y procesos judiciales, entre ellos el que hoy enfrenta el exgerente de la campaña de reelección.

Para la Fiscalía, la constructora buscaba acercarse al Gobierno de turno por su interés en el proyecto vial Ruta del Sol II.

Lea también: «Que la mantengan allí»: el chat de Petro que le sube la temperatura al caso Deicy Jiménez

Las cuentas que no cuadran, según la Fiscalía

En el informe de la primera vuelta, entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 25 de junio de 2014, la campaña reportó gastos por $13.503 millones y ninguna donación. Con el aporte de Odebrecht incluido, los gastos habrían llegado a $15.463 millones, cuando el tope era de $13.552 millones. Es decir, se habría superado el límite por casi $1.910 millones.

En el reporte de la segunda vuelta, por $9.475 millones, tampoco se registraron donaciones ni los servicios pagados por la multinacional.

La Fiscalía sostiene que, con esos informes, la campaña pudo acceder a la reposición de votos y a la financiación estatal. En total, habría recibido $13.461 millones a los que no tendría derecho: $6.576 millones por reposición de votos y $6.884 millones de financiación previa.

Las autoridades señalan que Prieto presuntamente indujo en error a las autoridades electorales con documentos en los que se omitió registrar ingresos y gastos.

Lea también: Juliana Guerrero se destapó tras el video de Petro: «No permitiré que se siga vulnerando mi dignidad»

Lo que dijo la defensa y lo que viene

La defensa de Roberto Prieto Uribe pidió que no se diera legalidad a la imputación. Argumentó que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa, y que la Fiscalía no precisó cuándo, cómo ni dónde se habría acordado el aporte con directivos de Odebrecht.

Los abogados también sostuvieron que esos hechos no eran delito en la época en que ocurrieron, porque solo fueron tipificados con la Ley 1864 de 2017. Con la norma posterior, dijeron, la pena máxima sería de ocho años y la acción penal estaría prescrita.

Si es hallado culpable, Roberto Prieto Uribe podría enfrentar entre seis y quince años de prisión, según la Fiscalía. La audiencia continuará el 11 de noviembre a las 9:00 a. m.

No es la primera vez que su nombre aparece en este escándalo. En 2023, la Procuraduría lo inhabilitó por 12 años, hasta 2035, y le impuso una multa de $50,5 millones por las irregularidades en los informes de la campaña presidencial.

A finales de octubre, la Fiscalía archivó otro proceso del caso Odebrecht, relacionado con un contrato de 2015 con Sancho BBDO por cerca de $2.500 millones, al concluir que los trabajos sí se realizaron y que los pagos estaban justificados.