Investigación contra Ricardo Roa podría reabrirse por millonaria licitación

El marco legal y la transparencia en la contratación de la estatal petrolera Ecopetrol se encuentran nuevamente bajo el escrutinio de las autoridades judiciales, luego de conocerse severos cuestionamientos sobre un millonario proceso de licitación diseñado para adjudicar el servicio de transporte aéreo en helicópteros.

Las presuntas irregularidades salpican directamente a Ricardo Roa, expresidente de la compañía y exgerente de la campaña presidencial de 2022, quien afronta señalamientos por un supuesto favorecimiento contractual que habría restringido de forma indebida la libre competencia entre las empresas del sector.

Los reclamos fueron impulsados por la firma Helicol y su representante legal, el jurista Julián Quintana, quienes sostienen que la entidad ajustó pliegos y requisitos técnicos para beneficiar a un único oferente, la empresa Helistar.

Entre los elementos que generan mayor controversia dentro de la licitación figura la paulatina modificación de las exigencias técnicas, permitiendo que la antigüedad máxima permitida para los helicópteros pasara de 5 años en 2011 a 27 años en 2024, además de alterar los tiempos requeridos para el alistamiento operacional.

Pese a la gravedad de los hechos denunciados, la Fiscalía General de la Nación tomó la determinación de archivar las indagaciones en agosto de 2025, calificando la conducta como atípica.

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No obstante, esta decisión provocó un fuerte choque institucional. Por medio de una acción de tutela amparada por el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá, las víctimas lograron habilitar los escenarios para solicitar el desarchivo del proceso penal.

A esta postura se sumó la Procuraduría General de la Nación, organismo que respaldó la reapertura del expediente al considerar que el ente acusador realizó una indagación apresurada y no profundizó en la complejidad de una licitación de alta especialidad técnica, pasando por alto evidencias clave que reposan en la Superintendencia de Industria y Comercio.

El ente investigador, por su parte, reitera que el cierre se basó en análisis objetivos y que la parte demandante confunde la falta de material probatorio con omisiones investigativas. Sin embargo, la decisión final respecto a si se mantiene el archivo o si se reabre la causa contra Ricardo Roa y los demás implicados quedó en manos del Juzgado 65 Penal de Garantías, despacho que adelantará la audiencia decisiva este 6 de septiembre.

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