¿Qué pasará con los alumnos? Ordenan el cierre del colegio de Cajicá por el caso de la menor Valeria Afanador

La Gobernación de Cundinamarca confirmó una sanción administrativa contra el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución ubicada en Cajicá y vinculada al caso de la estudiante Valeria Afanador, quien falleció en agosto de 2025 tras su desaparición dentro del plantel educativo.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026, emitida por la Secretaría de Educación departamental, en la que se declara responsable al establecimiento por una infracción grave a la normatividad que regula la prestación del servicio educativo y se ordena la cancelación de su licencia de funcionamiento.

Decisión administrativa y alcance de la medida

Según la determinación oficial, la sanción no tendrá aplicación inmediata, ya que aún existen recursos legales que pueden ser interpuestos por la defensa del colegio. Esto significa que la institución podrá continuar operando mientras el proceso administrativo sigue su curso.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, la cancelación de la licencia comenzaría a regir una vez finalizado el calendario académico del año 2026. Además, se indicó que la rectora del plantel deberá presentar un plan de reubicación de estudiantes antes del 31 de octubre de 2026 ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca.

La Gobernación también ordenó remitir copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que avance en las actuaciones correspondientes dentro del marco de su investigación.

Hechos que rodean el caso

El caso de Valeria Afanador inició el 12 de agosto de 2025, cuando la menor fue reportada como desaparecida dentro del colegio durante una jornada escolar. Días después, tras un operativo de búsqueda, su cuerpo fue hallado en el río Frío.

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Las investigaciones establecieron que la causa de la muerte fue ahogamiento y que el fallecimiento ocurrió el mismo día de la desaparición. En el proceso de búsqueda participaron autoridades policiales, militares y organismos de socorro, que realizaron rastreos en la zona del plantel y áreas aledañas.

De manera paralela, la Fiscalía avanzó en solicitudes de imputación por homicidio culposo contra dos personas vinculadas a la institución, dentro de la investigación por posibles fallas en los deberes de vigilancia y protección.

Investigación y alcance de la sanción

En el acto administrativo, la Secretaría de Educación señaló que el establecimiento educativo incumplió disposiciones relacionadas con la prestación del servicio público de educación y con los deberes de cuidado y seguridad hacia los estudiantes.

En ese sentido, la Gobernación sostuvo que la medida busca determinar responsabilidades administrativas dentro del marco legal vigente, sin perjuicio de las investigaciones penales que continúan en curso.

Reacciones y antecedentes del caso

El caso ha generado múltiples pronunciamientos desde distintos sectores. En septiembre de 2025, el abogado de la familia de la menor, Julián Quintana, pidió el cierre del colegio ante autoridades educativas, argumentando fallas en las condiciones de seguridad de la institución.

Según las actuaciones conocidas, la decisión de la Gobernación se suma a las investigaciones que buscan esclarecer las circunstancias del hecho y establecer si existieron omisiones en los protocolos de protección dentro del entorno escolar.

Por ahora, el colegio continúa funcionando mientras se resuelven los recursos legales que podrían modificar o confirmar la sanción impuesta por la autoridad departamental.