¡Qué fiestica más cara! Formulan cargos contra 6 personas por la fiesta de Nelson Velásquez en Itagüí

La fiesta en la Cárcel de Itagüí saldrá muy cara. En una decisión que ratifica la crisis de seguridad y transparencia que permea el sistema penitenciario colombiano, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos formales contra el director encargado y otros seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La drástica medida responde a su presunta responsabilidad en el ingreso irregular de civiles, licores y una reconocida agrupación musical al Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad de La Paz, ubicado en el municipio de Itagüí, Antioquia.

El escándalo, que hoy tiene a la cúpula de este centro de reclusión enfrentando la etapa de juzgamiento, se remonta a los hechos ocurridos el pasado 8 de abril de 2026. Durante aquella jornada, el país conoció con indignación, a través de videos filtrados en redes sociales, cómo los pabellones de la penitenciaría se transformaron en un exclusivo salón de eventos. Las imágenes dejaron al descubierto una fastuosa «parranda vallenata» en la que abundaban los banquetes, el consumo de alcohol y la presentación en vivo del reconocido cantante Nelson Velásquez, quien ofreció un concierto privado para los reclusos bajo la aparente complacencia de los anillos de custodia y vigilancia.

La gravedad de este episodio trascendió las paredes de la prisión y asestó un golpe de opinión a la política de orden público nacional. Para la época de la fiesta, la cárcel de Itagüí era el centro neurálgico de los diálogos sociojurídicos que adelantaba el Gobierno Nacional con varios de los máximos cabecillas de las bandas criminales del Valle de Aburrá, quienes se encontraban allí recluidos y fungían como voceros de paz. El bochornoso espectáculo y el evidente desgobierno institucional obligaron al Ejecutivo a suspender de manera indefinida dichas mesas de diálogo, marcando un duro revés para los procesos de sometimiento a la justicia urbano.

Ante la magnitud de la burla a los protocolos del Estado, el Ministerio Público decidió calificar las conductas de los servidores como «faltas gravísimas cometidas a título de dolo», por considerar que actuaron de manera consciente y deliberada para permitir la infracción. La lista de acusados la encabeza el teniente Fabián Leandro León Rodríguez, quien para la fecha de la fiesta se desempeñaba como director encargado del establecimiento. Junto a él, deberán responder en el juicio los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz; el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia; el inspector Eduardo Parra Ceballes; y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales.

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El expediente disciplinario detalla que el ingreso masivo de la agrupación musical, sus instrumentos y equipos de sonido, así como de los visitantes ajenos al penal, se materializó evadiendo todos los filtros de rigor. La Procuraduría verificó que existieron graves omisiones en los libros de registro y en los reportes de novedades en las garitas de entrada y salida, una falla que solo podría explicarse mediante una coordinación interna sistemática.

Pero el presunto encubrimiento llegó al terreno tecnológico. El ente de control ordenó una investigación disciplinaria paralela contra el distinguido Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao. Estos dos funcionarios están bajo la lupa por haber redactado y presentado un informe en el que alegaban supuestas fallas e intermitencias en la red institucional y en el sistema Sisipec 1 (el software nacional utilizado por el Inpec para el control biométrico y documental de visitantes e internos). Los investigadores sospechan que dicha «caída del sistema» pudo haber sido una coartada fabricada intencionalmente para borrar el rastro digital de la parranda.

Las implicaciones para los oficiales de mayor rango no se limitan al ámbito disciplinario, donde enfrentan una inminente destitución e inhabilidad prolongada. La Procuraduría compulsó copias de todo el acervo probatorio a la Fiscalía General de la Nación para que inicie una indagación de carácter penal. El objetivo es determinar si los tenientes León Rodríguez, Fracica Sarmiento y Ciprián Díaz incurrieron en conductas punibles tipificadas en el Código Penal, tales como prevaricato por omisión o falsedad en documento público.

La solidez del caso que hoy presenta el Ministerio Público cuenta con un antecedente clave. Hace apenas un par de meses, en el marco de las mismas indagaciones, los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David decidieron acogerse a los beneficios jurídicos de la confesión. Ambos guardias reconocieron haber omitido deliberadamente los registros obligatorios en los libros de control aquel 8 de abril para permitir la entrada del cantante y sus músicos, lo que les acarreó una suspensión de seis meses. Con este testimonio desde las bases de la guardia, el cerco se ha cerrado sobre los oficiales que tenían la responsabilidad indelegable de preservar el orden y la seguridad en uno de los penales más importantes de Antioquia.

¡Qué fiestica más cara! Formulan cargos contra 6 personas por la fiesta de Nelson Velásquez en Itagüí

🚨Atención: imágenes exclusivas del concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí. Licor, tarima y comida, una rumba completa para los peores criminales de Medellín. Una vergüenza total. ¿Cómo entraron todo eso? ¿Qué estaban festejando? https://t.co/4RIMoVCCqo

— Andrés Tobón (@tobonvillada) April 9, 2026