Provincianos rezagados

Cuarenta y cuatro días necesitaron algunos rezagados articulistas de provincia para ponerse al corriente de un antecedente político-periodístico que en materia de paz protagonizó hace 14 años el presidente Santos y que el siglo pasado le sirvió al Barquero para presentar su tesis de grado como estudiante de Derecho, ante un exigente jurado que calificó de “irracional y politiquera” la tesis santista.

Parodiando a Cochise, como “la gente se muere más de envidia que de cáncer”, los retrasados nos ningunearon por el “pecado” de conocer y estudiar el documento que cobró actualidad con las conversaciones de Cuba entre el Gobierno y las Farc.

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Aquel 19 de noviembre.

Con el título “Antecedentes sobre la paz” decíamos en aquella Barca: El 7 de agosto de 1998, al asumir el mando, el presidente Andrés Pastrana dio apertura simultáneamente al proceso de paz con sendas comisiones en representación del Gobierno y de las Farc.

Al mismo tiempo, el Mandatario, a través de su ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, presentó al Congreso el proyecto de reforma política con estas coordenadas para la paz:

1) Dejación de las armas y participación política. 2) Circunscripción especial de paz. 3) Perdón y olvido. 4) Facultades al Presidente para acordar representación directa en Senado y Cámara para los insurgentes.

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Carta histórica.

A los anteriores aspectos hacía referencia en septiembre 4 de 1998 el entonces columnista de El Tiempo, Juan Manuel Santos, en esta carta dirigida a través del presidente de la Cámara, Emilio Martínez:

“Me permito proponerle al señor Presidente de la República desde este recinto sagrado de la democracia que, si de veras quiere la paz, lidere un nuevo Frente Nacional. Un Frente Nacional en el que se pacte con todos los sectores políticos y con la guerrilla un nuevo régimen político que reconozca la realidad que hoy representa la insurrección armada. Se trata de reconocer que solo con una profunda redistribución del poder político, con una recomposición constitucional y con una coalición institucional, de la que hagan parte los alzados en armas, se podrán dar las garantías necesarias y las alternativas de acción política para que se silencien los fusiles.

“Ya en el pasado, en más de una ocasión, esta fórmula abrió las puertas de la reconciliación entre enemigos acérrimos que se disputaban por la fuerza el poder político. Recuperemos entonces esa vocación histórica de resolver nuestros conflictos mediante un consenso incluyente de las contrapartes.

“Es necesario, pues, que el Gobierno, en vez de fijar aisladamente los parámetros de la reforma política, defina los procedimientos y abra los espacios para negociar con la insurgencia dichos cambios institucionales. Solo a partir de este momento el proceso de paz y el de reforma política se vincularán, para permitir la reconciliación de los colombianos.

“Por supuesto, no se trata de claudicar o de entregarles el país a los que están fuera de la ley. Así como se le puede pedir al Gobierno que no arruine la opción de una reforma política, y así como proponemos un Frente Nacional con la guerrilla, también les exigimos a los alzados en armas que no pretendan legislar desde las montañas de Colombia, sin comprometerse a construir unas instituciones en las que la violencia y las armas no tengan cabida”.