Resumen: La presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo durante la elaboración de un mural en Medellín sigue generando repercusiones. Ahora, la Procuraduría tomó una decisión y ordenó recopilar información para esclarecer lo ocurrido. Conozca qué investigará.
La Defensoría del Pueblo quedó en el centro de una indagación preliminar luego de que la Procuraduría General de la Nación ordenara investigar la actuación de funcionarios durante la elaboración de un mural en Medellín, hecho que generó controversia en los últimos días.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia informó que abrió una indagación previa para establecer si servidores de la Defensoría del Pueblo incurrieron en una posible falta disciplinaria durante los hechos registrados el pasado 4 de julio en un puente vehicular ubicado sobre la avenida Ferrocarril con San Juan.
La actuación se originó tras una comunicación enviada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
En la carta, el mandatario aseguró que varias personas realizaron un mural sin autorización y señaló que, durante la actividad, hubo presencia de funcionarios de la entidad portando prendas e insignias institucionales.
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Según la información entregada por la alcaldía, de manera simultánea a la intervención también fueron distribuidos panfletos relacionados con el aniversario de la denominada Carta de Argel, cuyo contenido, de acuerdo con reportes conocidos por la Alcaldía, incluía mensajes atribuidos al ELN.
No obstante, la Procuraduría aclaró que la investigación no busca establecer la legalidad del mural ni determinar responsabilidades sobre quienes participaron en su elaboración.
El objetivo es verificar si la presencia de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo obedecía al cumplimiento de sus funciones constitucionales o si existen elementos para abrir un proceso disciplinario.
Como parte de la indagación, el Ministerio Público solicitó información a la Defensoría Regional Antioquia para establecer si existió presencia institucional ese día, identificar a los funcionarios que asistieron y conocer cuáles eran las labores que desarrollaban.
Tras la polémica, el alcalde Federico Gutiérrez y la defensora Iris Marín sostuvieron una reunión en la que acordaron crear mesas de trabajo para fortalecer la coordinación institucional frente a futuras manifestaciones en la ciudad.
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