Presas de El Pedregal denuncian que les cobran ‘vacuna’ de medio millón por un almuerzo

La crisis en el sistema penitenciario de Medellín alcanzó un punto crítico este martes 27 de enero. Las internas de la cárcel El Pedregal, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, se declararon en estado de desobediencia civil para protestar contra lo que consideran una alimentación “degradante” y un presunto esquema de corrupción que involucraría a funcionarios del Inpec.

Según las denuncias, se les estaría exigiendo a las familias pagos de hasta $500.000 pesos para permitir el ingreso de comida casera, un beneficio que anteriormente funcionaba como un alivio ante la precaria dieta oficial.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, lideradas por el activista Jorge Carmona, señalaron que la situación afecta a cerca de 1.300 reclusos, entre hombres y mujeres.

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La molestia radica en que, a pesar de existir una autorización de la Dirección General del Inpec para el ingreso mensual de alimentos del hogar y un “kit humanitario” (pan, galletas y dulces), la medida se habría convertido en un negocio ilícito dentro de la cárcel.

Carmona reveló una cifra alarmante: actualmente el presupuesto para la alimentación de un interno en Colombia es de apenas 2.400 pesos diarios para cubrir las cuatro comidas del día, lo que condena a la población carcelaria a la desnutrición.

A esta problemática se suma la deficiente atención en salud, lo que ha llevado a que los internos de la cárcel El Pedregal exijan la presencia inmediata de entes de control para verificar las condiciones de reclusión y frenar los presuntos abusos de autoridad en las puertas del penal.

Ante la gravedad de los hechos, se espera que en el transcurso de esta semana se instale una mesa de diálogo urgente.

En esta reunión participarían la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y directivos regionales del Inpec para buscar una salida negociada a la protesta.

Por ahora, las internas mantienen su postura de no recibir la comida oficial hasta que se garantice transparencia en el ingreso de los kits humanitarios y se detengan los cobros extorsivos a sus seres queridos.

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