Gobierno Petro no asistirá al debate por emergencia económica en el Congreso

La controversia por el decreto de emergencia económica y social expedido por el Gobierno nacional el pasado 22 de diciembre sigue escalando en el escenario político, justo cuando el país entra en la última semana del año.

Para este lunes 29 de diciembre estaba previsto un debate de control político en el Congreso de la República; sin embargo, los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro no asistirán a la citación.

La decisión se conoció tras una sesión virtual extraordinaria realizada el pasado viernes 27 de diciembre, en la que el Senado aprobó citar a todos los ministros para que explicaran los alcances, fundamentos y consecuencias del decreto que declara el estado de emergencia económica y social en Colombia. No obstante, el Ejecutivo determinó no acudir, argumentando que no se cumplieron los tiempos legales para responder el cuestionario previo al debate.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la citación presenta errores formales y no respeta el plazo de cinco días que, según la normativa vigente, tienen los ministros para contestar las preguntas del Congreso.

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De acuerdo con Benedetti, la invitación enviada por el Legislativo llegó con inconsistencias en la fecha y no contempla el término mínimo exigido por la ley.

“No pueden citar antes del vencimiento de este término”, manifestó el jefe de la cartera política, al explicar que el Gobierno considera improcedente asistir al debate bajo esas condiciones. La postura habría sido adoptada de manera conjunta por todos los integrantes del gabinete ministerial.

La ausencia anunciada generó fuertes reacciones en sectores de la oposición y del Congreso, que esperaban que el Ejecutivo rindiera cuentas sobre una medida considerada excepcional y de alto impacto económico y social. Algunos congresistas advirtieron que, pese a la inasistencia de los ministros, el Legislativo avanzará en el análisis y control político del decreto.

El decreto de emergencia económica faculta al Gobierno para expedir normas con fuerza de ley y realizar ajustes presupuestales con el objetivo de enfrentar una crisis fiscal que, según el Ejecutivo, no puede resolverse con los mecanismos ordinarios.

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