Indudablemente el sector minero – energético es el más dinámico y es el que viene jalonando el mayor crecimiento de la economía en la última década y de allí que haya venido ganando una participación cada vez mayor en el PIB nacional. De ello no hay duda, al cierre del 2010 la participación en el PIB de la minería se igualó con la del sector agropecuario (7%), después que aquél participaba con sólo el 2%. Hoy en día la minería sin el petróleo representa el 2.21% del PIB, 24% de las exportaciones, 30% de la inversión extranjera directa (IED) y 19% de las regalías.
En el 2011 el 81.4% de la IED, que alcanzó el record histórico de los US $15.032 millones, fue a recalar en el sector minero – energético. 4 de los primeros 5 renglones de exportación del país (petróleo, carbón, oro y ferroníquel) corresponden a la minería. De las cinco locomotoras, definidas como tales en el Plan de Desarrollo Prosperidad para todos del Presidente Santos esta es la que más impulso y velocidad muestra. Según las proyecciones del Ministerio de Minas y Energía para el 2014 la producción de carbón se elevará hasta alcanzar las 124 millones de toneladas y la producción de oro 73 toneladas.
Según el Ministro de Minas y Energía Mauricio Cárdenas, el sector minero – energético es el que más contribuye a la financiación del Estado, con una participación del 21%. El año anterior se recaudaron por este concepto $18.9 billones, 57% más que en el 2010, debido al boom de este sector exportador. Esta gruesa suma de dinero equivale al 10% del gasto anual presupuestado para seguridad y defensa o al 108% del gasto para educación. También representan el 160% del gasto en salud o el 147% de la inversión del Gobierno central[1]. De modo que tanto el crecimiento del PIB, de las exportaciones y la inversión, así como las finanzas públicas dependen en gran medida de la suerte de este sector, la cual está fincada en el auge de los mercados internacionales de materias primas que tiene en los países emergentes, especialmente China e India, verdaderas aspiradoras.
¿A QUÉ PRECIO?
Este auge de la minería atrajo el interés de los inversionistas extranjeros y nacionales, los cuales además se sintieron atraídos por una mal concebida y peor administrada política de “confianza inversionista”, a través de la cual se le ofrecieron toda clase de gabelas, tan inoficiosas como costosas. Concomitantemente, se propició una especie de feria de licencias, como catalogó el ex ministro de minas y energía Carlos Rodado Noriega, el otorgamiento de títulos, permisos, licencias y concesiones a tutiplén, a la topa tolondra. Y para acceder a ellas bastaba con mostrar la cédula de ciudadanía para que por ventanilla recibiera la dispensa y todo ello sin orden ni concierto; de allí que en lugar de catastro minero lo que tenemos es un registro catastrófico. Es así cómo mientras entre 1990 y 2001 se entregaron a particulares 1.889 títulos mineros (157 por año), ya para el 2010 se contaba con 8.928 concesiones que comprometían 4´839.149 hectáreas y cursaban en ese momento 20.000 solicitudes más. Basta con señalar que mientras en el 2002 el área titulada para minería era de 1.1 millones de hectáreas (0.98% del territorio nacional), ya para el 2009 dicha área se había ampliado a 8.4 millones de hectáreas (casi el 10% del territorio) – casi el doble del área cultivada – y quedaron en estudio 40 millones de hectáreas adicionales (36% del territorio nacional). Este desorden dio pié para que los especuladores entraran a saco y para que se creara un mercado secundario de títulos. A guisa de ejemplo traigamos a colación la denuncia del analista Mauricio Cabrera, “los concesionarios de la mina de oro La ventana, la vendieron en 5 millones de dólares después de haber invertido solamente 500 millones de pesos en ella. Luego la compró una compañía canadiense que en total ha invertido 130 millones de dólares, sin haber sacado un gramo de oro y la va a vender en 1.500 millones de dólares. Ellos están vendiendo el oro del Estado colombiano”[2].
El ex ministro Rodado puso el grito en el cielo, alertó sobre las consecuencias de semejante exabrupto y congeló el trámite de estas últimas para evitar daños mayores. Fue tal estropicio que muchas de tales licencias comprometieron zonas protegidas de páramos, humedales, parques nacionales, territorios de comunidades afrodescendientes y resguardos indígenas, las cuales están vedadas por la Ley para la actividad minera. Ello fue la locura, facilitada por el desbarajuste y la debilidad institucional, además de la negligencia y la corrupción galopante que carcomía a la autoridad minera. Ello se prestó para que avivatos, aventureros y delincuentes pescaran en río revuelto, sin que las autoridades competentes reaccionaran a tiempo, pues las mismas andaban al garete. En río revuelto, ganancia de pescadores!
LA MINERÍA CRIMINAL
Pero lo peor estaba por saberse. En su momento Salvatore el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, entonces jefe de las AUC, aseguró ante los medios que algunos lavadores de dólares se quedan hasta con el 70% de las regalías que gira el gobierno y el resto se lo roban los alcaldes. Según él el metal era comprado en Panamá y un grupo de lavadores de la mafia lo ingresa a Colombia para fundirlo y entregarlo – dosificado – a un ejército de alcaldes. Estos se encargaban de llevarlo al Emisor, reportarlo como explotación local y cobrar millonarias regalías estatales y de ñapa le reintegran el 12% del precio por concepto de “devolución” del IVA. Las autoridades han podido establecer, además, que en los últimos 20 años han salido de forma ilegal por la frontera con Venezuela y con destino hacia Brasil toneladas de Coltán, donde los compradores pagan $10.000 por kilo a indígenas y barequeros (una tonelada de Coltán en Bogotá se puede transar entre US $40 y US $60 mil). De esta manera la actividad minera se puso al servicio de mafias organizadas y en combustible para la guerra; los grupos armados al margen de la ley de todos los pelambres han sentado sus reales en muchas zonas mineras del país. En algunos casos utilizan empresas de fachada para su actividad, en otras la ejercen desembozadamente utilizando incluso maquinaria pesada, en otros casos imponen su ley a empresas y personas que desarrollan la actividad minera en su área de influencia para que les paguen la extorsión. En la minería, al igual que el sector agrícola, también se ha dado el desplazamiento, la usurpación y el despojo, al fin y al cabo esta actividad es eminentemente rural y el campo es el teatro del conflicto armado.
Además del daño económico y fiscal infligido al Estado, este ha venido siendo cooptado en muchas regiones por estos actores a través del deletéreo influjo de esta economía sumergida, que además se convierte en la gran lavandería de dineros mal habidos. Y de contera han venido causando un devastador impacto ambiental, exacerbado por la misma ilegalidad. “Se estima que anualmente entre 50 y 100 toneladas de mercurio (utilizado en la minería del oro) entran a las corrientes acuíferas, produciendo niveles de contaminación que superan 500 veces los niveles aceptados por la OMS, de acuerdo con un estudio realizado por M Veiga, consultor de la ONUDI. Un estudio realizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano encontró que el bagre rayado tiene un contenido de mercurio que se acerca al límite tolerable de 0.41 microgramos por kilo, muy superior al hallado en la tilapia, en el bocachico, en el pargo rojo y el camarón”[3]. Y ello es entendible porque esta minería está fuera de todo control. Esos polvos tenían que traer estos lodos!
En Colombia por cada 100 minas legales hay aproximadamente 51 ilegales; de ese tamaño es la problemática. La verdad sea dicha, desde siempre en Colombia ha existido minería ilegal y han sido repetidos los intentos, frustrados todos ellos, de legalizarla. Nos referimos a aquella minería en pequeña escala, artesanal y de subsistencia, que prolifera a lo largo y ancho del país, en condiciones laborales y de seguridad muy precarias. Además de las condiciones insalubres en la que se desenvuelve, el laboreo de las minas se da en condiciones insalubres, amén de la carencia de seguridad social, prestacional y ocupacional. Ya en el Decreto 2655 de 1998, antiguo Código de Minas, en su artículo 318, se hablaba de establecer plazos y mecanismos para que quienes ejercían la actividad minera de hecho pudieran acceder al título. Posteriormente se hizo lo propio a través de la Ley 141 de 1994, artículo 58, luego en la Ley 685 de 2001, artículo 165, que reformó el Código de Minas se hizo otro tanto y más recientemente a través de la Ley 1382 de 2010, modificatoria de la 685, la misma que declaró inexequible la Corte Constitucional en su artículo 12.
No obstante, hay que ser cuidadosos para no caer en el error en el que se suele incurrir muy a menudo de meter a toda la minería ilegal en un solo saco, lo cual desorienta y llama a confusión al momento de abordar esta problemática. Como dice Ramiro Santa, Vicepresidente de asuntos corporativos de la AngloGold Ashanti, las cosas hay que llamarlas por su nombre, sin eufemismos. Así como nadie califica a los narcotraficantes como exportadores ilegales, ni a los contrabandistas como importadores ilegales, como tampoco se les llama a los corruptos tramitadores ilegales ante el Estado, esa actividad en el sector minero de la cual se sirven los señores de la guerra y los narcotraficantes además de ilegal es criminal. Y no se puede confundir con esta al pequeño y mediano minero que sigue en la ilegalidad y más que en la ilegalidad en la informalidad, igual que existe en los otros sectores de le economía, como son la industria, el comercio, la agricultura o los servicios.
Hay que separar, entonces, la paja del grano. Para estos el tratamiento debe estar encaminado hacia su formalización, con la asistencia y apoyo del Estado, con políticas como la de “integración de áreas”, prevista en la normatividad vigente, para ganar en competitividad a través de las economías de escala o replicar en la minería casos exitosos de la agricultura en donde una empresa sirve de integrador de los pequeños productores. Y no estamos hablando de naderías, estamos hablando de más de 300 mil colombianos los que derivan su congrua subsistencia de la minería artesanal. De las 55.9 toneladas de oro extraídas en 2011, sólo 6.4 toneladas corresponden a la minería a gran escala, es decir el 11.5%. No se debe, entonces, satanizar ni criminalizar la minería informal. Para la minería criminal, en cambio, sólo cabe combatirla con toda la energía y contundencia, convertirla, como lo anunció el Presidente Santos “en un objetivo de alto valor”[4]. Tal confusión podría llevar al Gobierno, al momento de enfrentar el fenómeno de la ilegalidad en la minería, a pescar con dinamita, lo cual sería contraproducente. Lo que sí no compartimos es la idea que se ha planteado de darle a los activos de la minería criminal el mismo tratamiento de los laboratorios de cocaína, destruirlos. En nuestro concepto es mucho más procedente la extinción de dominio de la maquinaria que se incauta y proceder a su remate, pues sería imperdonable que se destruyera así por así, cuando el país está tan requerido precisamente de superar la minería artesanal que sigue primando en muchas regiones del país, tecnificándola.
A COGER EL TORO POR LOS CUERNOS
Los anuncios del Ministro Cárdenas son auspiciosos. Empezó por decir que antes del 5 de mayo estará en funcionamiento la nueva Agencia Nacional Minera (ANM), la cual empezaría por “revocar títulos que fueron asignados
En el pasado que no cumplían con los requisitos de Ley”[5]. Para que la ANM cumpla con su función de fiscalización dispondrá de $337.000 millones, aproximadamente, de los cuales las 2/3 partes provendrán del Sistema General de Regalías (SGR) creado a través del Acto legislativo 05 de 2011. Con tales recursos se van a contratar firmas calificadas y especializadas para que examinen con lupa los más de 9.000 títulos otorgados. Y nos parece muy bien que se acabe con esa vagabundería en la que sec onvirtió la aplicación del perverso principio dizque “primero en el tiempo primero en el derecho”, sin parar mientes en la idoneidad y/o capacidad del interesado. Ahora será mediante subastas en sucesivas rondas, como lo viene haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que se adjudicarán los bloques que a juicio del Gobierno tengan un potencial minero. Para tal efecto, el Ministro Cárdenas, apoyándose en la legislación vigente, ha dispuesto declarar como Zonas de Reserva Estratégica Minera 1.9 millones de hectáreas en 14 departamentos del país, las cuales serán sometidas a este nuevo procedimiento.
El Ministro Cárdenas ha aplazado la presentación del proyecto de ley de reforma al Código de Minas, según ha dicho, para incorporarle los cambios en el arreglo institucional en marcha. De hecho ya se creó el Viceministerio de Minas y una de sus direcciones estará encargada justamente de la formalización de la pequeña minería y próximamente se contará con un Documento CONPES articulador de las acciones de política pública tendiente a meter en cintura la minería criminal. Pero, la acción del Estado y particularmente del Ministerio de Minas y Energía no se debe limitar a la formalización de la minería ilegal y a la erradicación de la minería criminal, se debe extender también al control y a la vigilancia de la gran minería. Esta, al igual que la pequeña y mediana minería debe ser responsable en todos los órdenes, así en lo social como en lo ambiental y cumplir escrupulosamente con las estipulaciones de las leyes y los contratos, empezando por pagar lo debido, sin esguinces[6]. Preocupan sobremanera las denuncias recientes del Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, según las cuales algunas de ellas vienen evadiendo y eludiendo el pago de impuestos recurriendo a prácticas non sanctas. Ello es inadmisible, porque se trata de prácticas también ilegales. Las empresas que explotan los recursos mineros, todas, grandes, medianas y pequeñas, le deben jugar limpio al Estado.
El Estado debe ser muy cuidadoso, para no caer en la trampa de so pretexto de combatir la criminalidad, seguir con la misma laxitud con la que veníamos frente a la gran minería, haciéndose el de la vista gorda, que no siempre cumple con los estándares internacionales en esta materia. A este propósito, no pasar de ser un sofisma el planteamiento del columnista Felipe Zuleta, a través del cual terminarían sacándole las castañas del fuego a Santurbán. Como se está a la espera de una definición por parte del Instituto Humboldt sobre la cota de los páramos, aduce el columnista que si la fija en 3.500 metros sobre el nivel del mar o la baja a 3.100, “de ser este el caso, esto querría decir que no habría posibilidad de explotar allí, con las consecuencias previstas: no entran las grandes empresas mineras con todos los controles y las obligaciones ambientales estrictas y se meten los criminales a quienes no les importa la cota o la Ley, pues las normas para ellos no existen”[7]. Dura lex, sed lex ( dura es la Ley, pero es la Ley!), el riesgo de que exista que los criminales se lleguen a enseñorear del Páramo de Santurbán, no puede servir de disculpa o pretexto para darle patente de corso a la multinacional Greystar para arrasarlo. Ni más faltaba!
[1] La República. Febrero, 14 de 2012
[2] El Nuevo Siglo. Marzo, 14 de 2011
[3] El Espectador. José Fernando Isaza, Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Agosto, 21 de 2010
[4] El Tiempo. Enero, 30 de 2012
[5] Dinero. Febrero, 8 de 2012
[6] Amylkar D. Acosta M. La minería responsable. Diciembre, 29 de 2011
[7] El Espectador. Febrero, 12 de 2012
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