Resumen: Una mujer de 30 años fue judicializada por la Fiscalía en Medellín tras prenderle fuego a su compañero sentimental, quien falleció luego de sufrir quemaduras en el 70 % de su cuerpo. El hecho ocurrió el 31 de enero en el barrio La Milagrosa, tras una discusión de pareja. Cámaras de seguridad registraron a la mujer antes y después del ataque. Bajo presión de la policía judicial, se entregó voluntariamente en Pereira, donde se materializó su captura. Durante las audiencias, la investigada no aceptó los cargos y quedó privada de la libertad mientras avanza la investigación.
Una mujer de 30 años fue formalmente judicializada por la Fiscalía General de la Nación como presunta responsable de prender fuego a su compañero sentimental dentro de la vivienda donde ambos residían en el barrio La Milagrosa, en Medellín. El hombre, de 28 años, murió días después a causa de las graves quemaduras que sufrió en el ataque.
Los hechos se remontan al 31 de enero, cuando la pareja sostuvo una discusión en el interior de la vivienda. De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades judiciales y policiales, tras la discusión la mujer salió de la casa, compró combustible en una estación de servicio cercana y regresó al inmueble para arrojarlo a su pareja a través de una ventana antes de prender fuego a la escena.
Las grabaciones de cámaras de seguridad del sector, que ahora hacen parte del material probatorio, muestran a la procesada antes y después del ataque con el líquido inflamable, lo que permitió a la policía judicial esclarecer la secuencia de los hechos.
La víctima logró salir de la vivienda envuelta en llamas, pero sufrió quemaduras severas en cerca del 70 % de su cuerpo. Fue atendida inicialmente por vecinos que lo trasladaron a centros asistenciales, incluida la Clínica Sagrado Corazón y luego al Hospital San Vicente Fundación, donde falleció varias horas después por la gravedad de las heridas.
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Tras el homicidio, la mujer emprendió un desplazamiento que culminó en la ciudad de Pereira. Allí, el 4 de febrero, se presentó voluntariamente ante la Defensoría del Pueblo y fue interceptada por las autoridades cuando se hizo efectiva la orden de captura que pesaba en su contra.
En las audiencias concentradas que siguieron a su captura, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputó los delitos de homicidio e incendio, ambos con agravantes dados la intención y las circunstancias que rodearon el ataque. La procesada no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía y fue afectada con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se desarrolla la etapa de juicio.
Este caso ha vuelto a poner en el centro del debate público el tema de la violencia intrafamiliar en Medellín, donde episodios de agresiones graves han generado preocupación tanto en las autoridades como en la comunidad.
A la espera de decisiones judiciales adicionales, el proceso contra la presunta agresora continúa su curso bajo la supervisión de la autoridad competente, mientras familiares de la víctima exigen justicia y seguimiento al caso.
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