Resumen: Juzgado confirmó que Nicolás Petro no irá a prisión mientras avanza investigación por presunto direccionamiento de contratos en el caso Fucoso.
La decisión sobre la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos volvió a ser ratificada por la justicia, luego de que un juzgado en Barranquilla confirmara, en segunda instancia, que no será enviado a prisión mientras avanza el proceso en su contra por presuntas irregularidades contractuales.
El caso, conocido como ‘Fucoso’, involucra al hijo del presidente de la República en una investigación por el supuesto direccionamiento de contratos que superarían los $3.000 millones de pesos, recursos que estaban destinados a programas sociales dirigidos a población vulnerable en el Atlántico.
Durante la audiencia, el despacho judicial concluyó que, aunque los delitos imputados son de gravedad, no se logró demostrar que exista un riesgo inminente de fuga o de no comparecencia.
En ese sentido, el juez consideró que no era necesario imponer una medida privativa de la libertad.
Entre los argumentos valorados por el juzgado se encuentra el comportamiento del procesado frente a la justicia. Según lo expuesto, Nicolás Petro ha asistido a las diligencias judiciales y ha informado oportunamente sobre sus cambios de residencia, lo que evidenciaría disposición para atender el proceso.
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Asimismo, se tuvo en cuenta su arraigo familiar y social, especialmente en Bogotá, donde reside actualmente en una ubicación conocida por las autoridades. Estos elementos fueron considerados como factores que reducen la posibilidad de evasión.
El fallo también señaló que las medidas no privativas, como la restricción para salir del país, han sido suficientes hasta ahora para garantizar la comparecencia del investigado ante las autoridades.
La investigación de la Fiscalía se centra en posibles irregularidades en convenios suscritos entre la Gobernación del Atlántico y una fundación durante los años 2021 y 2022. Según el ente acusador, estos contratos habrían sido manipulados para favorecer intereses particulares, lo que derivó en cargos como tráfico de influencias y falsedad en documento público.
El proceso continúa en curso y sigue siendo uno de los más relevantes a nivel nacional por el perfil del implicado.
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