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Resumen: Una operación interinstitucional puso el foco en los puntos de extracción de oro del Nordeste antioqueño y sus efectos sobre el agua.
Puntos clave
- La operación duró siete días en el cañón del río Porce, entre Anorí y Amalfi, según el Ejército.
- Las autoridades inhabilitaron 30 bocaminas, sellaron 14 con concreto y destruyeron 59 elementos mecanizados.
- La intervención busca proteger la cuenca y afectar economías ilícitas que presuntamente sirven a estructuras armadas de la zona.
La minería ilegal en el cañón del río Porce recibió un golpe durante una operación de siete días en el Nordeste de Antioquia. Tropas del Ejército y otras autoridades intervinieron puntos de extracción de oro entre Anorí y Amalfi, en una ofensiva contra actividades que afectan las fuentes de agua y que presuntamente sirven a estructuras armadas de la zona.
El balance divulgado por el Ejército el viernes 20 de noviembre incluye 30 bocaminas inhabilitadas y 59 elementos mecanizados destruidos de manera controlada. El valor comercial estimado de estos equipos ronda los $260 millones.
La intervención no se limitó a retirar maquinaria. También contempló trabajos para impedir el uso de accesos subterráneos, acciones sobre infraestructura de procesamiento y la destrucción de material explosivo encontrado durante el operativo.
Así cerraron el paso a la minería ilegal en el Porce
Según la Décima Cuarta Brigada, de las 30 bocaminas intervenidas, 14 fueron selladas mediante obras civiles con concreto. Ese dato corresponde a una parte del total de accesos inhabilitados, no a una cifra adicional de minas.
Las autoridades también reportaron la intervención de dos entables mineros, instalaciones utilizadas para el procesamiento del material extraído. A ello se suma la incautación de seis dispositivos de comunicación y la destrucción controlada de explosivos.
En cuanto a los elementos mecanizados, el Ministerio de Ambiente precisó que había motores, motobombas y taladros. Los 59 equipos forman parte del balance de la operación, junto con los demás elementos utilizados en la actividad extractiva ilegal.
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El despliegue estuvo a cargo de tropas de la Décima Cuarta Brigada, con apoyo de la Brigada Contra la Minería Ilegal. Hubo participación de la Fuerza Aérea, diferentes componentes de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
La articulación entre estas entidades permitió desarrollar tanto la intervención de los sitios como los procedimientos de destrucción controlada. El Ejército presentó el resultado como una acción dirigida a afectar las fuentes de financiación de los grupos armados que delinquen en esta subregión antioqueña.
Sobre ese posible vínculo, la institución aclaró que se trata de información preliminar: los lugares y elementos presuntamente estarían al servicio de estructuras ilegales presentes en el territorio. Por ello, esa relación no equivale a una responsabilidad judicial establecida contra personas determinadas.
La protección del agua y de la infraestructura, otro frente del operativo
El Ministerio de Ambiente identificó la intervención como la operación Porce III, coordinada por el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales, conocido como Conaldef.
En su reporte, esa cartera situó el alcance territorial en Amalfi, Anorí y Guadalupe. El comunicado del Ejército, por su parte, describió las acciones desarrolladas durante siete días en el cañón del río, entre Anorí y Amalfi.
Más allá de los equipos, la preocupación ambiental está centrada en la cuenca del río Porce. De acuerdo con el Ministerio, las actividades intervenidas deterioraban ese entorno y generaban riesgos para la infraestructura de la central hidroeléctrica Porce III.
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La cartera ambiental explicó que el sellamiento de túneles con materiales de alta resistencia busca impedir su reapertura. En ese esfuerzo también mencionó la participación de la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia.
Para el Ejército, combatir la minería ilegal en este corredor contribuye a preservar los recursos hídricos y naturales, además de proteger activos estratégicos de la nación. La institución anunció que mantendrá las operaciones interinstitucionales contra las economías ilícitas en el Nordeste antioqueño.
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