Mineducación pone en jaque la Política Nacional de Sexualidad: dudas legales y de financiación

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, le pidió al Gobierno Nacional iniciar el proceso para derogar la Resolución 1350 de 2026, con la que se adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para la próxima década. Además, propuso frenar cualquier nueva actuación basada en esa norma mientras se revisa.

La solicitud quedó registrada en un oficio del 21 de septiembre de 2026, dirigido a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia de la República.

En ese documento, la ministra planteó cuestionamientos constitucionales y legales sobre el alcance de la política, que fue adoptada el 10 de julio de 2026 por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas, Artes y Saberes.

¿Qué establece la política que se busca derogar?

La Resolución Conjunta 1350 de 2026 fija una hoja de ruta para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en Colombia durante el periodo 2026-2035.

Entre sus medidas, contempla acciones para mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, prevenir las violencias sexuales y de género, reducir las barreras de atención e incorporar sus contenidos en los procesos educativos.

Según el oficio del Ministerio de Educación, la política incluye una determinada concepción sobre sexualidad, género y derechos reproductivos. Además, ordena que sus contenidos se integren en espacios como los proyectos educativos institucionales de los colegios.

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Uno de los principales argumentos de la ministra Hoyos tiene que ver con las facultades legales para imponer ciertas obligaciones curriculares y pedagógicas mediante una resolución administrativa. Según su planteamiento, hay dudas sobre si ese tipo de medidas pueden adoptarse por esa vía.

La jefa de la cartera también advirtió sobre una posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a elegir la educación que reciben sus hijos.

Otro de los reparos tiene que ver con los plazos. La política proyecta compromisos hasta 2035, aunque algunos de los instrumentos de planeación que cita corresponden al periodo 2022-2026.

La ministra también cuestionó la forma en que se identificaron las fuentes de financiación, las apropiaciones presupuestales y las competencias necesarias para cubrir los gastos de poner en marcha la política.

Además de pedir que se inicie el trámite de derogatoria, el Ministerio de Educación propuso expedir una directiva presidencial. Con ella se buscaría impedir nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales y pedagógicas basadas en la resolución mientras se completa su revisión.

La cartera planteó que el análisis se haga de manera coordinada entre los cuatro ministerios que participaron en la adopción de la política.

El proceso incluiría la elaboración de los documentos técnicos y de justificación correspondientes, así como una consulta pública en los casos en que la ley lo exija.

Es importante aclarar que la solicitud de la ministra no significa que la Resolución 1350 haya sido derogada. Para que eso ocurra, debe cumplirse el procedimiento establecido y adoptarse una decisión formal.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento de los ministerios de Salud, Trabajo y Culturas, Artes y Saberes, que también firmaron la resolución, sobre la petición del Ministerio de Educación.

Tampoco se ha informado si la Secretaría Jurídica de la Presidencia ya respondió el oficio enviado por la ministra el pasado 21 de septiembre.

La discusión gira en torno a dos aspectos. Por un lado, los objetivos de la política, relacionados con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y la prevención de violencias. Por otro, los reparos del Ministerio de Educación sobre su legalidad, su financiación y su impacto en los colegios.

Por ahora, la Resolución 1350 de 2026 sigue vigente, mientras el Gobierno define si acoge o no la solicitud de la cartera de Educación.

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