Resumen: El crecimiento urbano sobre las laderas del Valle de Aburrá ha puesto a prueba la capacidad de planificación de Medellín. Durante más de una década, las decisiones sobre la ocupación del territorio se apoyaron en estudios y cartografía formulada alrededor de 2009 que no siempre reflejaban los estragos de las temporadas de lluvias ni los movimientos en masa en puntos críticos. En diálogo con Minuto30, Dany Granda Jaramillo, coordinador general de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), explicó el alcance del Proyecto de Acuerdo que busca actualizar integralmente el modelo de gestión del riesgo y desmitificó los temores sobre un supuesto congelamiento del desarrollo urbano.
El crecimiento urbano sobre las laderas del Valle de Aburrá ha puesto a prueba la capacidad de planificación de Medellín. Durante más de una década, las decisiones sobre la ocupación del territorio se apoyaron en estudios y cartografía formulada alrededor de 2009 que no siempre reflejaban los estragos de las temporadas de lluvias ni los movimientos en masa en puntos críticos. En diálogo con Minuto30, Dany Granda Jaramillo, coordinador general de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), explicó el alcance del Proyecto de Acuerdo que busca actualizar integralmente el modelo de gestión del riesgo y desmitificó los temores sobre un supuesto congelamiento del desarrollo urbano.
Cuando el mapa no advertía el peligro: el desfase cartográfico
Durante años, las diferencias entre la cartografía oficial y las condiciones identificadas en el territorio evidenciaron la necesidad de actualizar el plan de ordenamiento territorial en materia de amenazas y riesgos.. Sectores con emergencias recurrentes figuraban en la cartografía oficial bajo niveles de amenaza que no correspondían con las condiciones identificadas en el territorio.
«La realidad es que la representación cartográfica de las zonas que presentan alguna condición de riesgo o amenaza para la ocupación no coincidía con los eventos. En el POT teníamos identificadas como zonas de amenaza baja sectores donde luego se presentaron fenómenos graves, como ocurrió en Santo Domingo Savio o Los Balsos» —puntualizó Dany Granda Jaramillo en conversación con Minuto30—. «Para el POT anterior, allí no había una alarma que condicionara la construcción, porque los estudios vigentes databan de 2009, una época sin la tecnología ni las metodologías de análisis que tenemos hoy».
El diagnóstico técnico del Distrito reveló un rezago institucional: hasta el año 2025, solo el 50% de las zonas con condición de riesgo contaban con estudios detallados, dejando a comunidades como Granizal, Villatina o sectores de El Poblado con análisis parciales o desarticulados de las directrices nacionales del Decreto 1077 de 2015.
El salto técnico: de 3.900 a más de 15.000 hectáreas en amenaza alta
Con el respaldo científico de la Universidad EAFIT), la administración distrital modeló los escenarios de amenaza geológica e hidrológica. El estudio demostró que las lluvias torrenciales —analizadas con escenarios de retorno de 25 años— representan el detonante casi exclusivo de los deslizamientos en la topografía local, por encima de los eventos sísmicos.
Los resultados transforman sustancialmente la zonificación de la ciudad frente a lo contemplado en el Acuerdo 48 de 2014:
Amenaza Alta según el acuerdo 48 de 2014: 3.919. Con el nuevo estudio básico: 15.188 ha.
Amenaza Media según el acuerdo 48 de 2014:,3.213. Con el nuevo estudio básico: ha,5.969 ha.
Amenaza Baja según el acuerdo 48 de 2014: 29.705 ha. Con el nuevo estudio básico: 18.580 ha.
El incremento en la categoría alta refleja una identificación más rigurosa acorde con las características topográficas de Medellín y que refleja la topografía y y los antecedentes de ocurrencia de movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Esto responde a las condiciones del territorio, donde existen numerosas zonas susceptibles a estos fenómenos, especialmente en laderas y taludes, así como en quebradas y cuencas.. Esta recategorización se concentra de manera especial en los cinco corregimientos: San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena y Altavista, donde la presión por suburbanización y parcelaciones informales venía desafiando la capacidad ecológica del suelo.
Asimismo, las áreas con condición de riesgo, correspondientes a zonas ocupadas y categorizadas con amenaza alta pasaron de 610 a 1.610 hectáreas. Estas se concentran en el suelo urbano en las comunas de Manrique, Popular, Villa Hermosa, Robledo y San Javier y en la zona rural principalmente en el corregimientos de Santa Elena, San Cristóbal y Altavista.
¿Se frena la construcción? La ruta de los estudios detallados
Frente a la inquietud ciudadana y gremial sobre si declarar una zona en amenaza alta equivale a prohibir cualquier tipo de obra o desarrollo, Granda fue enfático ante Minuto30 en que la norma busca prevenir desastres mediante exigencias técnicas, no paralizar el territorio:
«Que un sector quede clasificado con condición de riesgo o amenaza alta no significa una prohibición absoluta de hacer las cosas. Lo que marca es una ruta de gestión tanto para el Estado, en cabeza del DAGRD, como para los particulares que van a tramitar una licencia o adelantar una obra. Los obliga a pasar de la escala general a un estudio de detalle».
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Mientras el estudio básico del POT ofrece una mirada territorial a escala 1:5.000 (urbana) o 1:25.000 (rural), los estudios detallados exigen análisis predio a predio (escalas 1:2.000 o 1:5.000). Son estos últimos los que determinan si el terreno es técnicamente mitigable, qué obras de contención y drenaje se requieren o si, por el contrario, la vida de los ocupantes correría peligro inminente. Asimismo, permiten determinar si el riesgo puede reducirse a niveles aceptables mediante intervenciones técnicamente viables o si, por el contrario, el terreno debe clasificarse como de alto riesgo no mitigable, situación que puede requerir medidas como la restricción de la ocupación y, cuando corresponda, el reasentamiento de la población expuesta.
Una segunda oportunidad para los barrios: mitigación y legalización
Uno de los impactos más representativos de esta modificación excepcional radica en los 86 polígonos que el POT de 2014 había catalogado de tajo como Zonas de Alto Riesgo No Mitigable (ZARNM), una etiqueta que históricamente congeló la inversión pública y marginó a miles de familias del acceso a servicios o mejoramiento barrial.
Bajo el nuevo esquema concertado con las autoridades ambientales y de gestión del riesgo distrital:
40 polígonos dejan de ser considerados «no mitigables» y pasan a áreas con condición de riesgo, abriendo la puerta para que el Distrito elabore estudios detallados y ejecute obras de mitigación .
28 polígonos se mantienen como no mitigables debido a su severa inestabilidad geológica.
16 polígonos quedaron fuera de riesgo tras comprobarse que actualmente no están ocupadas.
2 polígonos pasaron directamente a riesgo mitigable gracias a estudios específicos previos.
Barrios como La Libertad (Comuna 8 – Villa Hermosa) o sectores de las laderas nororiental y noroccidental podrán acceder a la oferta de Planes de Legalización, Regularización y Mejoramiento de Hábitat (PLRMH) y al programa de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB). Cuatro de estos planes ya avanzan en formulación: tres en San Cristóbal (sectores Balmoral/Caracolí, Pedregal Bajo y La Aurora) y uno en Enciso (Comuna 8).
Convivir con la montaña con criterios técnicos
El ajuste del POT incorpora además 53 criterios transversales para blindar otros componentes de la ciudad, desde prohibir equipamientos en zonas de alto riesgo, hasta exigir estudios minuciosos a nuevas vías, redes de servicios públicos y Bienes de Interés Cultural (BIC)
Medellín no puede cambiar su topografía de valles estrechos y vertientes empinadas, pero la actualización de sus normas busca cerrar la brecha entre la ciencia y la realidad territorial. La gestión del riesgo deja de ser una lista de prohibiciones en el papel para convertirse en una guía obligatoria que determine con precisión dónde se puede habitar con seguridad y qué intervenciones son inaplazables para proteger la vida.
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