Resumen: La MOE advierte que 170 municipios enfrentan riesgo electoral en 2026. Los municipios en riesgo extremo aumentaron un 65% comparado con 2022.
La sombra del fraude y la violencia se cierne con fuerza sobre las próximas votaciones en el país. Este miércoles 4 de febrero, la Misión de Observación Electoral (MOE) encendió todas las alarmas al presentar su Mapa Consolidado de Riesgo electoral para 2026, revelando que 170 municipios presentan una peligrosa coincidencia de factores que amenazan la transparencia del proceso.
Lo más preocupante es que el nivel de peligro máximo se disparó: los municipios en riesgo extremo pasaron de 49 en el año 2022 a 81 para este año, lo que representa un alarmante incremento del 65,3%.
Según Alejandra Barrios, directora de la MOE, el escenario actual es mucho más complejo y fragmentado que el de hace cuatro años.
El informe técnico, elaborado por 37 investigadores, identifica seis zonas críticas donde el Estado debe volcar toda su atención: Arauca, el Nordeste antioqueño junto al sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca, el suroriente del país (Meta, Caquetá y Guaviare) y el Putumayo.
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El Cauca se perfila como el epicentro de la crisis, con 19 municipios en riesgo extremo, de los cuales 14 ni siquiera figuraban en alerta roja en las elecciones pasadas.
El riesgo electoral en estos territorios no solo está ligado a las armas, sino también a las “atipicidades estadísticas” que sugieren posibles trampas en las urnas, especialmente en departamentos como Córdoba y Antioquia para las votaciones de Cámara y Senado.
Excluyendo a Bogotá, estos 170 municipios bajo la lupa agrupan a más de 4,5 millones de votantes, es decir, el 11% del censo electoral nacional.
Diego Rubiano, coordinador de la MOE, advirtió que la violencia actual está asociada al control de economías ilegales que buscan interferir directamente en la competencia política.
Con el riesgo electoral disparado, la organización hizo un llamado urgente al Gobierno y a la Fuerza Pública para que garanticen que en estas poblaciones el voto no sea una sentencia de muerte o una transacción bajo amenaza, protegiendo la integridad de un proceso que hoy parece caminar sobre una cuerda floja.
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