¡Los separaron! Fueron 117 los capos vinculados a «mesas de paz» trasladados a cárceles de máxima seguridad

Minuto30.com .- El nuevo Gobierno Nacional no ha esperado ni 24 horas para dar su primer gran golpe de autoridad. En cumplimiento de sus promesas de campaña de retomar el control territorial y penitenciario, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, emitió una directriz fulminante que sacude el sistema carcelario del país: el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil criminal.

La medida, ejecutada en tiempo récord por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), tiene un componente político y de seguridad profundo, ya que la mayoría de los reclusos trasladados estaban vinculados a las diferentes mesas de negociaciones de paz promovidas por la administración saliente.

Dispersión a centros de máxima seguridad

El objetivo táctico de esta operación masiva es desarticular las redes de comunicación que los cabecillas de grupos armados y bandas criminales habían consolidado en sus anteriores sitios de reclusión.

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno, los 117 internos fueron extraídos de sus celdas habituales y reubicados en pabellones de alta y máxima seguridad en los establecimientos penitenciarios de Bogotá (La Picota), Medellín (Pedregal/Bellavista), Girón (Palogordo), Valledupar (La Tramacúa), La Dorada (Doña Juana), Palmira, Ibagué (Picaleña) y El Barne (Boyacá).

«La medida busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los establecimientos carcelarios», detalla el informe gubernamental.

El fin de las cárceles como «centros de operaciones»

Durante los últimos años, mandatarios regionales y gremios comerciales habían denunciado reiteradamente que varios líderes criminales, amparados bajo figuras de facilitadores o voceros de paz, gozaban de flexibilidades que les permitían seguir ordenando extorsiones, homicidios y controlando rutas de narcotráfico desde sus celdas mediante el uso de teléfonos celulares.

Esta orden ejecutiva busca cortar de raíz esa problemática. El nuevo mandato ha dejado claro que la autoridad del Estado es innegociable y que las prisiones deben cumplir su verdadero propósito punitivo y de aislamiento.

«Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales», puntualizó el Ejecutivo.

«Todo el peso de la ley»

El mensaje enviado por el presidente De la Espriella a las estructuras multicrimen es contundente. El nuevo gobierno asume el control penitenciario «con autoridad y dentro del marco legal», advirtiendo que no habrá zonas de distensión penitenciaria ni concesiones injustificadas.

«Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley», concluye la directriz presidencial.

Esta acción nacional complementa y blinda operativamente las medidas anunciadas el día de ayer por gobernadores como el de Antioquia, Andrés Julián Rendón, consolidando un bloque institucional que busca recuperar la seguridad ciudadana asestando un golpe directo al corazón financiero y logístico de las bandas criminales: sus jefes recluidos.

Lea también: ¡Chaito a los del «tarimazo»! Gobernador confirma traslado de 103 peligrosos capos de la cárcel de Itagüí a todo el país