Resumen: Maximino Mosquera fue judicializado por su presunta responsabilidad en el homicidio de un conductor de taxi en Medellín, tras una discusión por el pago del servicio. El agresor intentó huir lanzándose al río Medellín, pero fue capturado. Un juez le impuso medida de aseguramiento mientras continúa el proceso judicial.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Maximino Mosquera, de 36 años, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un conductor de taxi, crimen ocurrido en la tarde del 20 de enero en la ciudad de Medellín, tras una discusión relacionada con el pago de un servicio de transporte público.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, los hechos se iniciaron cuando el hoy procesado abordó un taxi en el barrio Niquía y solicitó ser trasladado hasta el municipio de Girardota, en el norte del Valle de Aburrá.
Las labores de policía judicial permitieron establecer que, una vez finalizado el recorrido y al llegar al destino acordado, el pasajero presuntamente se negó a cancelar el valor de la carrera.
Esta situación habría generado una discusión entre el pasajero y el conductor, que escaló hasta convertirse en un forcejeo. En medio del altercado, el taxista fue atacado con un arma cortopunzante, recibiendo una herida de gravedad en el pecho. La víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció horas después como consecuencia de la lesión.
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Las investigaciones también evidenciaron que, tras cometer el ataque, el presunto agresor intentó evadir su responsabilidad penal lanzándose a las aguas del río Medellín. No obstante, la reacción de las autoridades permitió que unidades de la Policía Nacional lograran ubicarlo y capturarlo momentos después, cuando salía del afluente.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Maximino Mosquera el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado. Tras analizar los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador, un juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, de manera preventiva, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
El caso continúa bajo conocimiento de las autoridades competentes, que adelantan las actuaciones correspondientes dentro del marco del sistema penal acusatorio.
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