Lili Pink, ante un nuevo paso judicial: Fiscalía pide extinguir el dominio de más de 400 bienes

La Fiscalía General de la Nación pidió que más de 400 bienes vinculados con el caso de Lili Pink pasen definitivamente a manos del Estado. La demanda de extinción de dominio, conocida este 3 de noviembre, fue presentada ante jueces especializados de Bogotá y representa un nuevo paso en una investigación que ya había dado lugar a medidas cautelares durante este año.

El alcance de la actuación debe distinguirse de una decisión definitiva: el ente investigador presentó su solicitud y los elementos con los que busca sustentarla, pero corresponde a los jueces estudiar el expediente y determinar si procede la extinción. La radicación de la demanda no significa, por sí sola, que los bienes ya hayan pasado de manera definitiva a propiedad estatal.

¿Qué busca la Fiscalía en el caso Lili Pink?

La actuación fue impulsada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Según la hipótesis de la Fiscalía, los activos estarían relacionados con una presunta estructura de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito que habría utilizado sociedades constituidas en Colombia y Panamá.

El esquema investigado habría funcionado desde 2009. A través de esas empresas se habrían importado mercancías de forma irregular para comercializarlas en el país y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos. Las operaciones bajo examen están relacionadas con establecimientos de las marcas Lili Pink y Yoi.

Entre los activos descritos en la solicitud figuran más de 400 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. Se trata de diferentes tipos de bienes dentro de la misma actuación, por lo que el anuncio no debe interpretarse como la imposición de una condena penal contra las personas vinculadas al caso.

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Las sociedades y operaciones que están bajo investigación

Una de las compañías mencionadas es Fast Moda S. A. S., que al momento de las primeras medidas cautelares era titular de más de 400 establecimientos de comercio. La investigación la relaciona con la comercialización de productos dentro de las operaciones examinadas.

También aparece Elephant Import & Export S. A. S., señalada por la Fiscalía de haber actuado como importadora y proveedora de mercancías para las sociedades vinculadas con las marcas. Su participación hace parte del análisis sobre las relaciones comerciales y financieras entre las empresas.

Entre los elementos que el ente investigador considera relevantes están las operaciones de proveedores que presuntamente no tendrían capacidad económica suficiente para respaldarlas, deudas elevadas sin evidencia de pagos efectivos y posibles simulaciones de negocios. Estos señalamientos forman parte de la hipótesis que deberá ser valorada judicialmente, no de hechos establecidos mediante una sentencia definitiva.

Para sustentar la demanda, la Fiscalía recopiló análisis societarios, tributarios, aduaneros, cambiarios y financieros. También incluyó información de la DIAN, documentos registrales, inspecciones judiciales y respuestas a solicitudes de asistencia judicial internacional dirigidas a Panamá.

Lo anterior eran medidas cautelares; ahora hay una demanda

El expediente no comenzó con el anuncio de este martes. El 27 de abril de 2026 ya se habían decretado medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre las acciones de Fast Moda, 40 inmuebles y ocho vehículos. Además, se ordenó la toma de posesión de bienes, haberes y establecimientos de comercio de la sociedad.

Posteriormente, las actuaciones se extendieron a otras compañías y activos identificados en la investigación. Esas medidas cautelares y la demanda conocida ahora corresponden a momentos distintos: las primeras afectan provisionalmente la disposición y administración de los bienes; con la nueva solicitud, la Fiscalía busca que un juez determine si procede su pérdida definitiva a favor del Estado.

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La compañía ha defendido previamente la legalidad de sus operaciones. En un comunicado divulgado en mayo sostuvo que sus mercancías contaban con declaraciones de importación y pagos soportados, y pidió respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Esa postura corresponde a una respuesta anterior y no debe confundirse con un pronunciamiento sobre la demanda de este 3 de noviembre.

El siguiente paso corresponde a los jueces especializados, que deberán valorar las pruebas y los argumentos de las partes. Por ahora, la novedad es la petición de extinción de dominio presentada por la Fiscalía, no una decisión judicial que la conceda.