Resumen: La Contraloría General de la República advirtió sobre un posible riesgo para los recursos públicos por cerca de $2.130 millones en un pago realizado por el Ministerio de Defensa a la empresa sueca SAAB, en el marco de la compra de 17 aviones de combate Gripen. La alerta se originó porque el 20 de enero de 2026 se habría utilizado una tasa de cambio de $4.936,96 por euro, superior a la cotización oficial de $4.339,41 publicada por el Banco de la República. El organismo de control busca esclarecer la diferencia y determinar si se requieren medidas correctivas, aunque por ahora no existe una declaración definitiva de responsabilidad fiscal.
Una diferencia en la conversión de euros a pesos colombianos encendió las alertas sobre uno de los pagos asociados a la adquisición de aviones de combate Gripen para la Fuerza Pública. La Contraloría General de la República identificó un posible riesgo para los recursos estatales relacionado con la tasa de cambio utilizada por el Ministerio de Defensa en una transacción con la compañía sueca SAAB.
El caso se conoció a través de la respuesta del organismo de control a un derecho de petición y está relacionado con un desembolso efectuado el 20 de enero de 2026. Para esa operación se aplicó una tasa de $4.936,96 por euro, pese a que la cotización oficial publicada por el Banco de la República para esa fecha era de $4.339,41. La diferencia habría representado un pago adicional cercano a los $2.130 millones.
La diferencia cambiaria que encendió las alertas
El punto central de la observación está en la tasa utilizada para convertir el pago a pesos colombianos, que superaba en $597,55 la referencia oficial. Según la información divulgada, esa variación habría incidido en el monto desembolsado a SAAB, empresa sueca dedicada a la industria de defensa y aeroespacial.
Frente a esta situación, la Contraloría advirtió: “Existe el riesgo de afectación al patrimonio del Estado debido a la utilización de una tasa de cambio del euro superior a la publicada oficialmente por el Banco de la República”.
Sin embargo, el pronunciamiento tiene carácter preventivo y no constituye una declaración definitiva de responsabilidad fiscal. El organismo busca que la situación sea revisada para establecer si se requieren medidas correctivas. Por ahora, la información disponible tampoco permite afirmar que se haya impuesto alguna sanción o determinado la responsabilidad de un funcionario por el presunto pago adicional.
Un contrato para adquirir 17 aeronaves
La observación se produce en medio del seguimiento al contrato para la compra de 17 aviones Gripen, una adquisición destinada a fortalecer las capacidades aéreas militares de Colombia. La Contraloría examina aspectos relacionados con el acuerdo y sus implicaciones para los recursos públicos, mientras el Gobierno Nacional también revisa el contrato.
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Uno de los interrogantes es cuánto le costaría al Estado modificar las condiciones contractuales o terminar el acuerdo. No obstante, no se conocen cálculos concretos sobre esos escenarios ni hay información que permita afirmar que la compra será cancelada.
La adquisición contempla entregas progresivas. Según lo señalado por el Ministerio de Defensa, los primeros aviones llegarían a Colombia a partir de 2027, mientras que la entrega de la última parte de la flota está prevista para 2032.
Las fechas del pago y de la advertencia
El desembolso a SAAB se efectuó el 20 de enero de 2026, durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuando Pedro Sánchez estaba al frente del Ministerio de Defensa. La transacción quedó registrada mediante la orden de pago presupuestal número 7787826.
Meses después, el 28 de agosto de 2026, la Contraloría emitió la advertencia sobre el posible riesgo para los recursos estatales, según la información divulgada. Las fechas permiten distinguir el momento en que se realizó la operación del día en que el organismo de control formuló su señalamiento, sin atribuir responsabilidades individuales que aún no hayan sido establecidas.
La revisión deberá esclarecer por qué se utilizó una tasa superior a la cotización oficial de ese día y si la diferencia detectada requiere alguna corrección. Mientras tanto, el posible impacto económico permanece bajo observación de la Contraloría, que busca prevenir una afectación al patrimonio público.
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