Investigan a inmobiliaria en Medellín por presuntas irregularidades que afectarían a más de 40 personas

Las autoridades de Medellín mantienen bajo investigación a una agencia inmobiliaria señalada de presuntas irregularidades en la administración de contratos de arrendamiento, un caso que ya deja más de 40 personas afectadas entre propietarios e inquilinos que denuncian incumplimientos relacionados con pagos y entrega de inmuebles.

Según las denuncias conocidas por las autoridades, la empresa recibía viviendas y apartamentos para su administración, además de captar pagos de arriendo y anticipos económicos de posibles arrendatarios. Sin embargo, los recursos no habrían sido entregados posteriormente a los propietarios y, en algunos casos, los inmuebles ofrecidos tampoco eran puestos a disposición de quienes realizaban los pagos.

La situación comenzó a ser reportada por ciudadanos que aseguraron haber presentado múltiples reclamos ante la agencia sin obtener soluciones concretas. De acuerdo con los testimonios recopilados en medio de las investigaciones, la empresa argumentaba supuestos inconvenientes financieros y retrasos bancarios para justificar el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con los usuarios.

Avanzan procesos administrativos y penales

El proceso es adelantado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, entidad que trabaja de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para establecer posibles responsabilidades tanto administrativas como penales frente a los hechos denunciados.

“Desde la Secretaría de seguridad y convivencia, hemos liderado junto con la inspección de protección al consumidor, acciones claras de inspección, control y vigilancia que ya dejan unos resultados concretos: 25 quejas recibidas, 17 acciones impuestas y seis procesos administrativos en curso”, indicó Laura Hernández, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia.

De acuerdo con el balance entregado por la Administración Distrital, hasta el momento las autoridades han formalizado 25 quejas relacionadas con este caso y avanzan en seis procesos administrativos bajo la aplicación de la Ley 820 de 2003, normativa que regula el arrendamiento de vivienda urbana en Colombia.

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Las actuaciones adelantadas por las entidades de control también derivaron en medidas contra la inmobiliaria investigada, entre ellas la cancelación de la matrícula con la que operaba, mientras continúan las verificaciones judiciales y administrativas para determinar el alcance de las afectaciones denunciadas por los ciudadanos.

“De manera articulada con la Fiscalía General de la Nación avanzamos en estas investigaciones para establecer responsabilidades penales, mientras desde la administrativo seguimos aplicando la ley, incluso con esa posibilidad de cancelar la matrícula de esta agencia”, agregó Hernández.

La modalidad denunciada por las víctimas

Las autoridades señalaron que este tipo de situaciones suele afectar tanto a propietarios que entregan sus inmuebles para administración como a familias que buscan acceder a una vivienda y realizan pagos anticipados creyendo que están contratando con empresas legalmente constituidas y vigiladas.

De acuerdo con las denuncias recopiladas, la modalidad consistía en captar inmuebles para administración y recibir dinero correspondiente a cánones de arriendo o anticipos, sin que posteriormente esos recursos fueran trasladados a los dueños de las propiedades o sin concretar la entrega de los inmuebles ofrecidos.

Las víctimas habrían recibido respuestas relacionadas con supuestos problemas financieros o bancarios cada vez que reclamaban por retrasos o incumplimientos.

Recomendaciones para evitar este tipo de casos

Por esa razón, la Alcaldía de Medellín reiteró el llamado a verificar cuidadosamente la legalidad y trayectoria de las agencias inmobiliarias antes de entregar dinero, firmar contratos o autorizar la administración de bienes.

Entre las principales recomendaciones entregadas por las autoridades se encuentra confirmar que la empresa cuente con registro formal y matrícula vigente, además de validar que tenga dirección física verificable y autorizada ante las entidades correspondientes.

También aconsejan revisar antecedentes y referencias comerciales de la inmobiliaria, consultar opiniones de otros usuarios y desconfiar de ofertas con condiciones poco claras o exigencias de pagos inmediatos sin respaldo contractual.

Otro de los puntos clave es exigir contratos escritos donde queden definidas las condiciones del arrendamiento, las obligaciones de cada parte, la forma de pago y los tiempos establecidos para la entrega de los inmuebles o consignación de los cánones.

Las autoridades insistieron en que cada consignación o pago debe quedar respaldado con soportes formales, facturas o comprobantes bancarios, ya que estos documentos son fundamentales en caso de presentarse incumplimientos o procesos judiciales posteriores.

Llamado a denunciar

Finalmente, la Administración Distrital invitó a las personas que consideren haber sido víctimas de irregularidades relacionadas con arrendamientos o administración de inmuebles a denunciar oportunamente ante las entidades competentes para facilitar las investigaciones y evitar que más ciudadanos resulten afectados.