Resumen: Un presunto bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del ELN en el estado Apure, en la frontera con Colombia, habría dejado al menos 19 muertos, según reportes preliminares del exdiputado Juan García Escalona. Varios heridos habrían cruzado a territorio colombiano. No hay pronunciamiento oficial del Gobierno venezolano.
Un presunto bombardeo atribuido al Ejército venezolano contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure, muy cerca de la frontera con Colombia, habría dejado al menos 19 personas muertas, de acuerdo con reportes preliminares divulgados por el exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan García Escalona.
El hecho, que habría ocurrido el día anterior en el sector Buena Vista del Meta, llama poderosamente la atención, pues es inusual que la Fuerza Armada venezolana lance operaciones a gran escala contra los grupos criminales que delinquen en ese territorio, como el ELN, desde hace varias décadas.
Según los reportes recibidos por el exdiputado, un número todavía no determinado de heridos habría conseguido llegar hasta territorio colombiano tras el ataque, lo que enciende las alarmas de este lado de la frontera.
¿Qué se sabe del presunto bombardeo en Apure?
De acuerdo con la información preliminar, nueve cuerpos habrían sido trasladados hasta San Fernando, donde una comisión nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) estaría adelantando los procedimientos forenses correspondientes en la morgue del cementerio Luis Herrera.
Otras diez personas fallecidas, en cambio, habrían quedado en el mismo lugar donde cayó el bombardeo, a la espera de que las autoridades venezolanas se pronuncien y confirmen lo sucedido.
Habitantes de Puerto Páez, el centro poblado más cercano a la zona donde ocurrió el ataque, entregaron nombres y referencias de documentos de identidad encontrados en el área. Entre los nombres reportados figuran Jesús Javier Brugal Carrero y Juan Carlos Guerrero Márquez. También se mencionaron licencias de conducción venezolanas a nombre de Jesús Javier Brugal Carrero, Wilden Luis Solorzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal.
Hasta el momento, estos datos hacen parte de la información preliminar divulgada por García Escalona y no hay pronunciamiento oficial. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez no se ha referido al asunto.
A la versión del exdiputado se sumó, de manera extraoficial, la de Rocío San Miguel, experta en temas militares y directora durante años de la ONG Control Ciudadano, trabajo por el que estuvo encarcelada hasta hace pocos meses. «Reportes locales señalan un presunto bombardeo del Ejército venezolano contra un campamento del ELN en Buena Vista del Meta, estado Apure, fronterizo con Colombia», trinó San Miguel.
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Un ataque inusual contra el ELN en territorio venezolano
García Escalona recordó que durante años ha advertido sobre la presencia de grupos armados irregulares en esta región venezolana. Aseguró que los testimonios recopilados en la zona describen a Apure como un territorio utilizado como retaguardia de organizaciones armadas y como punto de acopio de cocaína. Incluso, señaló que algunas fuentes locales ubican el precio de esta sustancia en 1.000 dólares por kilogramo.
El exdiputado también afirmó que organismos y agencias internacionales conocen la situación de esta región a través de diferentes informes, lo que dejaría en evidencia que la presencia de estas estructuras al otro lado de la frontera no es un secreto para nadie.
El ELN, la guerrilla activa más antigua de Colombia, ha mantenido durante años presencia en varios estados del occidente venezolano, especialmente en las zonas limítrofes con Norte de Santander, Arauca y Vichada, de donde han salido constantes denuncias sobre sus operaciones.
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Presiones contra la población y presuntos vínculos con autoridades
A estas denuncias, García Escalona sumó presuntas presiones contra habitantes de San Rafael, en el municipio San Fernando, y de El Terrón, en Arichuna.
Asimismo, señaló que los reportes se extienden a sectores del Capanaparo, Achaguas y Quintero, en el municipio Muñoz, e incluyen supuestos señalamientos sobre la utilización de hatos expropiados para actividades relacionadas con el narcotráfico.
Las alertas sobre la presencia de organizaciones armadas también provienen del municipio Rómulo Gallegos, especialmente de Elorza, y del municipio Páez, donde el exdiputado mencionó localidades como Palmarito, Guasdualito, El Amparo, La Victoria y El Nula.
De acuerdo con García Escalona, los testimonios recogidos en estos territorios describen un ambiente de temor y presiones sobre las comunidades, cuyos habitantes necesitan protección y garantías para poder denunciar lo que ocurre en sus zonas.
El exdiputado también cuestionó los presuntos vínculos entre autoridades regionales y municipales con grupos criminales como el ELN, las disidencias de las Farc y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), y agregó que algunos gobernadores y alcaldes de Apure han respondido a los intereses de estas estructuras criminales.
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