Grupos armados dejan sin combustible a campesinos y mineros del Nordeste antioqueño

Cerca de 150 veredas del Nordeste de Antioquia y del sur de Bolívar tienen serias dificultades para conseguir combustible, una situación que, según líderes comunitarios, podría terminar en un paro minero, campesino y agrario.

La afectación se concentra en zonas rurales de Segovia, Remedios y El Bagre, en Antioquia, y de Santa Rosa del Sur, en Bolívar.

De acuerdo con los reportes, son aproximadamente 148 las veredas afectadas: 60 en Segovia, 58 en Remedios, 12 en El Bagre y 18 en Santa Rosa del Sur.

Los representantes de estas comunidades aseguran que las restricciones para el ingreso de gasolina comenzaron en septiembre y las atribuyen a presiones de grupos armados ilegales que hacen presencia en la región.

Según sus denuncias, la falta de gasolina complica tareas básicas de la vida diaria, como bombear agua, mantener en funcionamiento las plantas eléctricas, garantizar el transporte escolar y continuar con las labores mineras.

¿Qué hay detrás de las restricciones al combustible?

De acuerdo con reportes de medios regionales y nacionales, las restricciones harían parte de una estrategia de presión económica atribuida al Clan del Golfo, que se presenta como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en medio de su disputa territorial con el ELN y las disidencias de las Farc.

El Nordeste antioqueño y el sur de Bolívar son considerados corredores estratégicos, con una fuerte presencia de minería de oro y de economías ilícitas.

Según esos reportes, el objetivo sería impedir por completo el paso de gasolina para que los frentes del ELN y de las disidencias se queden sin recursos para movilizar vehículos y operar maquinaria pesada en sus zonas de influencia. No obstante, las consecuencias han terminado recayendo sobre la población civil.

El desabastecimiento, que empezó a finales de septiembre de 2026, tiene paralizadas la economía y la vida diaria de más de 7.000 personas en la región.

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En el sector minero, cerca de 240 minas y entables han tenido que detener sus labores porque no tienen gasolina para encender las motobombas y las plantas eléctricas que necesitan para trabajar.

Las comunidades también reportan escasez de víveres, abarrotes y medicamentos. De acuerdo con las denuncias, los camiones que distribuyen estos productos no pueden entrar a la zona y los transportadores locales son obligados a devolverse en retenes ilegales.

La educación es otro de los frentes afectados. Según los reportes, muchos estudiantes han dejado de asistir a clases porque el transporte escolar no tiene combustible para funcionar. A esto se suma la dificultad para bombear agua potable en las veredas.

Ante la emergencia, a comienzos de octubre el Ejército Nacional anunció caravanas escoltadas y la habilitación de puntos de suministro vigilados en sectores como Río Bagre y Cañaveral, con el fin de aliviar la situación.

Aunque se han conocido gestiones para facilitar el ingreso de combustible con acompañamiento de la Fuerza Pública a algunas zonas rurales, las comunidades advierten que estas medidas no llegan a todas las veredas afectadas.

Por eso, los líderes comunitarios piden garantías para transportar el combustible y proponen la creación de un corredor humanitario con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría del Pueblo.

Según las organizaciones sociales, un corredor neutral, verificado por organismos internacionales, permitiría reducir el riesgo de incidentes armados durante las labores de abastecimiento.

La advertencia de un paro minero, campesino y agrario busca, según los voceros de las comunidades, que el Gobierno Nacional intervenga de manera estructural y no solo con medidas temporales.

Mientras tanto, los habitantes de las cerca de 150 veredas afectadas siguen a la espera de una respuesta que les permita recuperar el acceso al combustible y retomar sus actividades.

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