Resumen: La Fiscalía judicializó a seis presuntos integrantes de Los Satanás por extorsiones a transportadores informales de Bosa. Según la investigación, exigían un pago colectivo mensual de $13 millones, dividido en dos cuotas, y habrían recibido hasta $270 millones entre septiembre de 2023 y junio de 2026. Los capturados no aceptaron los cargos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados, y conservan la presunción de inocencia.
Una cuota colectiva de $13 millones mensuales y amenazas contra la vida de los conductores hacen parte del expediente que llevó a la Fiscalía a judicializar a seis presuntos integrantes de Los Satanás. Los señalados habrían participado en una red de extorsión contra propietarios de vehículos de transporte informal que recorrían distintos sectores de Bosa, en el suroccidente de Bogotá.
Según la investigación, los pagos no eran una exigencia aislada. La estructura habría mantenido un sistema de cobros periódicos que obligaba a los afectados a reunir dinero para evitar agresiones contra ellos y daños a los automotores con los que trabajaban. El rastreo de las consignaciones permitió establecer un recaudo que habría llegado hasta los $270 millones entre septiembre de 2023 y junio de 2026.
Dos cuotas al mes y amenazas contra los transportadores
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, los propietarios debían completar entre todos los $13 millones exigidos mensualmente. Esa suma se dividía en dos entregas quincenales de $6.500.000. La exigencia correspondía a un pago colectivo, no a ese valor por cada conductor.
Las intimidaciones incluían advertencias de muerte y de ataques contra los vehículos si no cumplían con los desembolsos. De esta manera, los cobros presuntamente condicionaban la actividad de quienes prestaban el servicio informal en la zona y debían continuar recorriendo las rutas para obtener sus ingresos.
Entre los trayectos afectados figuran Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá. La investigación ubica en estos siete recorridos a las víctimas de las exigencias atribuidas a la red.
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Así habrían reunido el dinero de las extorsiones
El mecanismo de recaudo descrito por el ente acusador involucraba, en algunas ocasiones, a los propios afectados. Los presuntos responsables les exigían escoger a una persona para recoger los aportes de los demás conductores. Después, ese dinero debía ser transferido a una billetera virtual específica.
Las labores de policía judicial permitieron seguir consignaciones realizadas de manera periódica. A partir de esos movimientos, los investigadores establecieron el monto que habría recibido la organización durante el periodo analizado. El expediente reúne tanto las exigencias económicas como las intimidaciones utilizadas para presionar las entregas.
Uno de los episodios más graves relacionados con esta investigación ocurrió el 24 de septiembre de 2023. Ese día fueron asesinados un conductor y su hijo menor de edad, mientras que la compañera sentimental del transportador resultó herida. Según la Fiscalía, el ataque habría sido una retaliación por el incumplimiento de los pagos extorsivos.
La relación que plantea el ente acusador entre ese crimen y las cuotas hace parte de los hechos investigados. No se trata de una condena contra las seis personas que ahora fueron judicializadas ni de una declaración definitiva sobre su responsabilidad individual.
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Seis capturas en diferentes ciudades
La operación fue realizada conjuntamente con unidades del Gaula de la Policía Nacional. Los procedimientos se desarrollaron en Bogotá, Soacha, Cartagena, Barranquilla, Soledad y Medellín, según la información del caso.
Las personas capturadas fueron identificadas como Nesly Iriarte, Liliana Soto, Mayfred Romero, Manuel Ordoñez, Juan Oyola y Bill Paz. Todas quedaron vinculadas al proceso por su presunta participación en el esquema de extorsión contra los conductores de Bosa.
Un fiscal especializado les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados. Ninguno de los seis procesados aceptó los cargos. La judicialización abre paso al avance del proceso penal, en el que deberá establecerse la posible responsabilidad de cada uno frente a los hechos atribuidos por la Fiscalía. Mientras no exista una sentencia condenatoria, los señalados conservan la presunción de inocencia.
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