Colombia
Resumen: El Gobierno de Gustavo Petro prepara un decreto para eliminar la prima especial de servicios de los congresistas, un beneficio que actualmente suma $16.914.540 mensuales a sus honorarios. La medida, impulsada por el Ministerio de Hacienda, califica este ingreso como desproporcionado frente al promedio salarial del país y entraría en vigencia para los legisladores que se posesionen en julio de 2026. Este movimiento se interpreta como una respuesta de austeridad fiscal en medio de la controversia por el reciente ajuste del salario mínimo y los desafíos presupuestales de la Nación.
En una jugada que busca calmar los ánimos tras el anuncio del nuevo salario mínimo, el Gobierno Nacional tiene listo el borrador de un decreto que le daría una estocada final a la prima especial de servicios que reciben los congresistas. Esta medida, que afectaría los ingresos de quienes lleguen al Capitolio en la próxima legislatura, pretende eliminar un beneficio que hoy supera los 16 millones de pesos mensuales.
¿En qué consiste el “tijeretazo”?
El Ministerio de Hacienda argumenta que mantener esta prima es “desproporcionado” frente a la realidad económica de Colombia y los objetivos de cierre de brechas del Plan Nacional de Desarrollo.
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El monto en juego: Actualmente, la prima especial asciende a $16.914.540.
¿A quiénes aplica?: El decreto derogaría el beneficio para los parlamentarios que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026.
El ahorro: Se estima que, de entrar en vigencia, el salario mensual de los legisladores tendría una reducción real de unos 11 millones de pesos netos, tras los descuentos de ley.
Una deuda histórica con la austeridad
La prima en mención fue creada en 2013 para sustituir otros beneficios (vivienda, salud y localización) que habían sido tumbados por la justicia. Sin embargo, para el actual Ejecutivo, este emolumento ya no tiene justificación técnica ni social.
Mientras el Congreso reacciona con malestar, señalando que sus retenciones mensuales ya rondan los 20 millones de pesos, sectores ciudadanos y figuras políticas como la exalcaldesa Claudia López ya han calificado la intención como “una buena decisión” en pro de la equidad.
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