Resumen: Este jueves se concretará la deportación desde Estados Unidos del activista colombiano Franklin Humberto "Beto" Coral, quien regresará al país en un vuelo de repatriación junto a otros 92 connacionales, en medio de la expectativa por un posible recibimiento personal del presidente Gustavo Petro en el aeropuerto. La expulsión de Coral, detenido en junio en Arizona tras protestar contra Abelardo De La Espriella, ha generado una fuerte tensión diplomática; mientras el presidente Petro califica el hecho como una persecución política y destaca que el activista tenía un trámite de asilo en curso y permiso de trabajo, el gobierno estadounidense sostiene que la medida se debió estrictamente a su situación de permanencia irregular tras el vencimiento de su visa de turismo.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos concretan este jueves, 16 de julio de 2026, la deportación del activista colombiano Franklin Humberto «Beto» Coral, quien llegará al país en las próximas horas a bordo de un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) junto con otros 92 connacionales expulsados por el gobierno estadounidense.
Se prevé que la aeronave despegue desde el aeropuerto de Alexandria, en Estados Unidos, y aterrice en territorio colombiano durante la noche. Debido a la estrecha cercanía de Coral con el Gobierno nacional, ha trascendido que el presidente Gustavo Petro evalúa asistir personalmente a la terminal aérea para recibir al activista, uno de sus defensores más activos en el entorno digital.
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Un arresto envuelto en tensiones políticas
La deportación de «Beto» Coral se produce un mes después de su captura a mediados de junio en el estado de Arizona. El arresto del activista ocurrió pocos días después de que participara en una manifestación en Miami contra Abelardo De La Espriella, entonces candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, lo que de inmediato tiñó el caso de matices políticos y desató un fuerte debate diplomático.
A pesar de la decisión de expulsión por parte del gobierno estadounidense, la defensa de Coral y organizaciones aliadas, como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), han criticado la medida. Según confirmaciones de la agencia de noticias EFE y de la propia WOLA, el activista mantenía un proceso activo de solicitud de asilo político y disponía de un permiso de trabajo vigente al momento en que fue arrestado por agentes de control migratorio.
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