Resumen: El alcalde Galán defiende la cárcel para 11 señalados por vandalismo en Bogotá y cuestiona a congresistas que pidieron su libertad. Autoridades aseguran que las pruebas son contundentes.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó duramente la carta firmada por más de 30 congresistas de partidos como el Pacto Histórico, Comunes, Mais y Alianza Verde, en la que solicitan la libertad de 11 jóvenes capturados y señalados de participar en actos de vandalismo en Bogotá, relacionados con disturbios y ataques durante movilizaciones.
Según el mandatario, los firmantes desconocen la magnitud y el rigor del proceso judicial adelantado contra los implicados.
Galán recordó que se trata de una investigación de más de dos años, desarrollada de manera técnica y metódica, que ya fue evaluada por dos jueces de la República, quienes avalaron tanto las capturas como la medida de aseguramiento en centro carcelario, debido a la solidez del material probatorio.
El alcalde fue enfático en señalar que los hechos atribuidos a los integrantes de la estructura conocida como PPP (Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo) no corresponden a manifestaciones legítimas.
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“Esto no es protesta ni expresión social; es violencia, terrorismo y concierto para delinquir”, afirmó, al insistir en que en Bogotá no se permitirá la impunidad frente a quienes ponen en riesgo la vida de ciudadanos y afectan el sistema de transporte público.
De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, el expediente incluye más de 4.000 horas de análisis de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, entrevistas a testigos, agentes encubiertos y 13 allanamientos en distintas localidades. Las autoridades aseguran que esta evidencia permitió identificar roles, jerarquías y el modo de operación del grupo.
La investigación indica que los señalados se infiltraban en universidades públicas, donde fabricaban artefactos explosivos artesanales como papas bomba y cocteles molotov, utilizados posteriormente en ataques contra estaciones de TransMilenio, buses del SITP y miembros de la Fuerza Pública.
Entre los capturados figura un presunto cabecilla, conocido como alias ‘Salvatore’, vinculado a múltiples hechos violentos entre 2024 y 2025.
Durante los operativos, las autoridades incautaron material explosivo, pólvora, dispositivos electrónicos y prendas usadas en los ataques. A los detenidos se les imputaron delitos como terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado y perturbación del transporte público.
En contraste, los congresistas firmantes sostienen que los jóvenes son víctimas de criminalización de la protesta y solicitan que enfrenten el proceso en libertad.
Sin embargo, la Policía reiteró que el caso está sustentado en evidencia técnica y judicial y que continuará actuando contra el vandalismo en Bogotá y los delitos de alto impacto que afectan la seguridad ciudadana.
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