Fracasa acuerdo con el Gobierno y gobernadores anuncian demanda ante la Corte Constitucional

La tensión entre las regiones y la Casa de Nariño alcanzó su punto máximo este lunes 19 de enero tras el fracaso de la cumbre de alto nivel celebrada en el Ministerio de Hacienda. Pese a que el ministro Germán Ávila y el ministro del Interior, Armando Benedetti, intentaron calmar los ánimos de los mandatarios locales, la reunión terminó sin humo blanco.

El motivo de la discordia es el Decreto 1474 de 2025, la emergencia ecónomica, una normativa que, según los departamentos, asesta un golpe mortal a las rentas cedidas que financian sectores críticos como la salud y la educación en las regiones.

En el encuentro, donde también estuvieron presentes el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, y el director de la FND, Didier Tavera, los gobernadores fueron enfáticos en que no permitirán que el Ejecutivo centralice recursos que constitucionalmente les pertenecen.

La principal preocupación radica en el incremento del Impuesto al Consumo y del IVA a licores y cigarrillos, una medida que, lejos de sanear las finanzas nacionales, estaría desocupando los bolsillos de los entes territoriales. Los mandatarios advirtieron que estas rentas son el único oxígeno financiero que tienen para garantizar el deporte y la atención hospitalaria en las zonas más alejadas del país.

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Ante la falta de acuerdos y lo que consideran una violación a la autonomía regional, los gobernadores anunciaron que radicarán de inmediato una solicitud ante la Corte Constitucional para suspender provisionalmente los efectos del decreto.

La batalla jurídica que se avecina pone a prueba la relación del Gobierno nacional con los territorios, que ahora se sienten traicionados por las medidas tributarias impuestas desde Bogotá.

Aunque la Federación Nacional de Departamentos aseguró que no se levantarán de las mesas de diálogo futuras, dejaron claro que la vía legal es irreversible. Mientras el Ministerio de Hacienda busca recaudar más para cubrir el déficit nacional, los gobernadores han cerrado filas para proteger hasta el último peso destinado a la inversión social en sus departamentos.

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