Fiduprevisora garantiza transición ordenada del Fomag tras fin de su contrato de 36 años

La Fiduprevisora S. A. se acogió a la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) de no prorrogar el contrato de fiducia que la vinculaba con el fondo desde hacía 36 años y aseguró que garantizará una transición ordenada y transparente, en protección de los derechos de los maestros y sus familias.

El pronunciamiento oficial de la fiduciaria llegó en la noche de este viernes 30 de octubre, horas después de que el Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de fideicomitente, anunciara en sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag la decisión de no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, cuyo plazo vence este 31 de octubre.

«La nueva administración de Fiduprevisora se acoge a la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de iniciar el proceso de transición administrativa y contractual», señaló la entidad en un comunicado, en el que añadió que la decisión se enmarca en el propósito del Gobierno Nacional de garantizar los derechos de los docentes y sus familias, y en la articulación entre los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda y las demás entidades del Estado para fortalecer el Fondo.

En su calidad de administradora del Fondo, la fiduciaria informó que, a través de la Vicepresidencia del Fomag, pondrá en marcha el plan de acción definido para esta etapa de transición, «garantizando la continuidad de la administración, la trazabilidad de los procesos financieros, contractuales y operativos, y la articulación con los actores involucrados».

Todo ello, precisó, conforme a las decisiones que adoptó el Consejo Directivo para garantizar la prestación de los servicios establecidos en el contrato relativos a la salud, las prestaciones y las cesantías, de acuerdo con lo establecido en la Ley 91 de 1989.

«Fiduprevisora reafirma su compromiso con una gestión rigurosa, transparente y coordinada, que tenga como eje el bienestar de los maestros y sus beneficiarios», concluyó el comunicado de la entidad.

La transición comenzará este 1 de noviembre y tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por un periodo igual. Según el Ministerio de Educación, durante ese tiempo se adoptarán las medidas necesarias para mantener la continuidad de la atención en salud, incluidos los tratamientos en curso y el acceso a medicamentos, así como el trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas conforme a los procedimientos y términos aplicables. Asimismo, se revisarán y corregirán las condiciones de administración y operación del sistema.

La cartera educativa también le pidió a la Fiduprevisora un plan detallado de actividades que asegure la operación durante la etapa de transición, y solicitó a la Supersalud especial seguimiento y vigilancia para que se garantice la prestación de los servicios de salud a los maestros y sus familias por parte de las IPS.

Por su parte, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta los informes técnicos y anunció que se adelantarán todos los estudios para presentar las condiciones de una licitación pública que permita ofrecer un nuevo servicio, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Ley 91 de 1989.

La finalización del contrato se da en medio de los cuestionamientos y las fallas identificadas en el funcionamiento del sistema de salud del magisterio. En julio pasado, la Contraloría General de la República destapó hallazgos fiscales por más de $176.000 millones en el Fomag, un escándalo que puso bajo la lupa la administración del fondo que atiende a más de un millón de maestros y sus beneficiarios en todo el país.

El Gobierno ha insistido en que la decisión no implica la desaparición del Fomag ni la eliminación de los derechos de los maestros, sino el vencimiento de un contrato de fiducia y el inicio de un proceso para revisar las condiciones de administración y operación del sistema, con la prioridad de que los docentes y sus beneficiarios no resulten afectados, especialmente en lo relacionado con la atención médica y el reconocimiento de sus derechos económicos.

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