¡Eso no es un lujo! Presidente de la Espriella anuncia recortes a los esquemas de seguridad innecesarios

En medio de un panorama fiscal que el propio Gobierno ha calificado como crítico, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ha lanzado una de las ofensivas institucionales más severas de su naciente administración. El objetivo de esta cruzada es la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad que, a juicio del mandatario, ha sufrido una profunda desnaturalización de su misión original y se ha convertido en un pozo ciego para los recursos del Estado.

Con la orden perentoria de aplicar un escrutinio de alto rigor técnico a cada uno de los esquemas de seguridad vigentes, el jefe de Estado busca desmantelar lo que considera un sistema de privilegios injustificados. Históricamente, en Colombia, movilizarse en una camioneta blindada de alta gama y contar con escoltas armados pasó de ser una necesidad imperiosa para salvaguardar vidas frente al conflicto armado, a convertirse, en muchos casos, en un símbolo de estatus, poder político o influencia mediática. Es precisamente contra esta última categoría que el presidente ha enfilado baterías.

Durante una enérgica intervención pública, que dejó entrever el tono de su política de seguridad —la cual ya había mostrado sus primeros dientes con la ‘Operación Blindaje 360’ en Barranquilla—, De La Espriella fue implacable frente al uso frívolo de la protección estatal. Cuestionó duramente la ligereza con la que figuras de las redes sociales reclaman esquemas pagados con los impuestos de los colombianos basándose en amenazas digitales sin comprobación técnica.

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“Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”, sentenció el mandatario. Su declaración subraya un fenómeno reciente en el país: la mediatización del riesgo. Para el presidente, la seguridad no puede ser un accesorio para ganar seguidores. “No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario. El que quiera farandulear, que pague por eso”, añadió de manera tajante.

El peso del déficit fiscal y los casos polémicos

La justificación de este “revolcón” no es meramente disciplinaria; tiene un profundo componente económico. “Las finanzas públicas están en su peor momento”, advirtió el presidente, haciendo eco de la urgencia de recortar el gasto público inoficioso. Mantener un esquema de seguridad estándar de la UNP le cuesta al Estado colombiano decenas de millones de pesos mensuales entre salarios de escoltas, mantenimiento de vehículos, combustible y viáticos.

Bajo esta lupa de austeridad, el desmonte ya comenzó. Uno de los casos más sonados de las últimas semanas fue el retiro del esquema de protección al polémico influenciador Levy Rincón. A esto se suma la lupa puesta sobre las asignaciones realizadas durante el gobierno anterior (la administración de Gustavo Petro). Actualmente, la Procuraduría General de la Nación avanza en una investigación contra el Ministerio del Interior y la propia UNP por la asignación presuntamente irregular de robustos esquemas de seguridad a las jóvenes activistas ‘petristas’ Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero, quienes, según los reportes preliminares, no registraban ningún riesgo real que ameritara dichas medidas.

Freno a la burocracia y nueva doctrina institucional

Para garantizar que esta limpieza no sea solo un saludo a la bandera, el Gobierno De La Espriella tomó decisiones administrativas de choque. La primera de ellas fue ordenarle a la dirección de la UNP la suspensión inmediata de un acuerdo que habilitaba nuevos nombramientos dentro de la entidad, congelando así la nómina para evitar la expansión de la burocracia mientras se audita la casa.

Además, se anunció la creación de una hoja de ruta para la capacitación del personal, materializada en una nueva escuela de formación para los hombres de protección que llevará el nombre del senador «Miguel Uribe Turbay». El presidente reveló que mantiene comunicación diaria y directa con el director de la entidad para supervisar milimétricamente el avance del desmonte de esquemas irregulares, exigiendo resultados rápidos pero exentos de decisiones apresuradas o viscerales.

Protección sin colores políticos

A pesar de la narrativa de mano dura y el claro mensaje de austeridad, el presidente De La Espriella quiso enviar un parte de tranquilidad a los sectores más vulnerables del país: los defensores de derechos humanos, líderes sociales y funcionarios que verdaderamente se encuentran en el centro de la diana de los grupos criminales.

El mandatario fue categórico al afirmar que la depuración técnica no pondrá en riesgo la vida de quienes enfrentan amenazas comprobadas. De hecho, garantizó que la protección del Estado es un mandato constitucional ciego ante las filiaciones partidistas. “Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, indicó, asegurando que incluso sus más acérrimos opositores mantendrán sus esquemas si los estudios de riesgo así lo dictaminan.

Finalmente, De La Espriella defendió su característico estilo de gestión, dejando claro que está dispuesto a asumir el desgaste y las críticas que traerá esta medida. Para el presidente, la transparencia y la salvaguarda de los recursos del erario son innegociables, y la era en la que el Estado financiaba la vanidad bajo la excusa de la seguridad ha llegado a su fin.

¡Eso no es un lujo! Presidente de la Espriella anuncia recortes a los esquemas de seguridad, pero se los garantizará a quien los necesite

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(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 15, 2026