¡Meras biblias! En San Cristóbal había una empresa robando gas y poniendo en peligro a los vecinos

Un operativo de inspección técnica en el corregimiento de San Cristóbal reveló una sofisticada red de defraudación de fluidos en una planta industrial. La intervención, realizada por equipos especializados en control de pérdidas, dejó al descubierto una derivación ilegal que no solo representa un millonario golpe económico, sino una amenaza latente de colapso y fuga masiva para los habitantes de la zona.

El “Bypass” industrial

El hallazgo se produjo en la calle 62 B con carrera 143 A, en las instalaciones de una empresa en San Cristóbal, dedicada al reciclaje de plásticos. Aunque la compañía operaba bajo una fachada de legalidad con un medidor formal, los técnicos descubrieron una conexión irregular conectada directamente a la red de media presión.

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Esta maniobra permitía que gran parte del proceso productivo se abasteciera de gas natural sin que el consumo fuera registrado ni facturado. Según los cálculos preliminares, la defraudación alcanza los 150.000 metros cúbicos anuales, lo que equivale a una pérdida superior a los 450 millones de pesos.

Riesgo inminente de desastre

Más allá del delito económico, el reporte técnico encendió las alarmas por las precarias condiciones de seguridad en el sitio. El operativo detectó dos factores críticos que pudieron derivar en una tragedia:

Inestabilidad estructural: Las excavaciones ilegales para ocultar la tubería provocaron la socavación de un talud cercano a una quebrada. Esta zona, transitada permanentemente por vehículos de carga pesada, presentaba un riesgo inminente de colapso.

Fallas técnicas: Las conexiones clandestinas no cumplían con ninguna normativa de seguridad, lo que elevaba exponencialmente la probabilidad de fugas explosivas en una red de alta presión.

Consecuencias legales

El caso ya fue radicado ante la Fiscalía General de la Nación. Cabe recordar que en Colombia, la defraudación de fluidos es un delito tipificado en el Código Penal que acarrea penas de prisión y multas económicas considerables.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar la responsabilidad de los representantes legales de la empresa, mientras que la infraestructura ha sido normalizada para eliminar el riesgo sobre la comunidad de San Cristóbal.

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