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Resumen: David Gómez Vásquez examina las finanzas del fútbol profesional colombiano y pregunta quién garantiza la sostenibilidad de los clubes.
El deporte, en especial el fútbol colombiano, mueve miles de millones de pesos, atrae patrocinadores, vende derechos de televisión, comercializa jugadores y convierte la pasión de millones de hinchas en una oportunidad de negocio. Sin embargo, detrás de las competiciones, los estadios llenos, los fichajes y las camisetas patrocinadas existe una pregunta que merece mayor atención: ¿cómo consiguen realmente los clubes los recursos para funcionar y qué tan sostenible es el modelo económico sobre el que están construidos?
La pregunta cobra especial relevancia después de conocerse nuevos datos sobre las finanzas del fútbol profesional colombiano. Un informe de la Superintendencia de Sociedades, publicado el 15 de octubre de 2026 y basado en información financiera de 2025, registró un crecimiento del 16,6 % en los ingresos operacionales del fútbol profesional masculino. Los activos totales del sector llegaron a los $925.000 millones, con un incremento del 7,7 %, según la información divulgada por El Colombiano.
Las cifras muestran que el fútbol es una actividad económica de considerable dimensión, pero también obligan a mirar más allá de cuánto dinero entra a las instituciones. La verdadera discusión está en cómo se genera, cómo se distribuye, quién controla esos recursos y qué responsabilidades tienen los clubes frente a sus trabajadores, deportistas, aficionados y comunidades.
El dinero llega por diferentes vías. La primera es la comercialización de los derechos de televisión, que permite a los organizadores de las competencias obtener recursos por la transmisión de los partidos y distribuirlos entre los equipos. La segunda corresponde a los patrocinios y la publicidad: las empresas pagan por asociar sus marcas con los clubes, sus jugadores y sus aficionados. A esto se suman la venta de boletería, los abonos, los productos oficiales, los acuerdos comerciales y los premios obtenidos en competencias nacionales e internacionales.
Hay otra fuente que merece especial atención: la transferencia de futbolistas. Para algunos equipos, especialmente aquellos con capacidad de formar y proyectar jóvenes talentos, vender jugadores a mercados extranjeros representa una oportunidad importante de financiación. Las divisiones menores dejan de ser únicamente un componente de formación deportiva y se convierten también en una inversión estratégica.
En Medellín tenemos ejemplos visibles de esta dinámica, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín representan dos instituciones con reconocimiento, aficiones numerosas y capacidad de atraer patrocinadores. Su valor comercial no depende únicamente de los resultados deportivos, también está relacionado con la historia de sus marcas, la fidelidad de sus hinchas, la venta de abonos, la presencia en medios de comunicación y su capacidad de generar audiencias.
El hincha, muchas veces sin advertirlo, es uno de los principales actores económicos de esta industria: ompra entradas, adquiere camisetas, paga suscripciones para ver los partidos, consume publicidad y mantiene viva una relación emocional que las empresas convierten en oportunidades comerciales. La pasión tiene valor económico y los clubes lo saben.
Sin embargo, el fútbol profesional colombiano no funciona como un mercado en el que todos los participantes parten de condiciones económicas similares. La capacidad de atraer patrocinadores, vender entradas, negociar jugadores y construir audiencias determina buena parte de las posibilidades de crecimiento de cada institución. Incluso dentro de los equipos más poderosos existen diferencias en la composición de sus ingresos, y allí nace una discusión que no ha tenido solución: la distribución de los derechos televisivos.
El debate no es menor, los derechos de televisión son un activo colectivo del espectáculo profesional, pero sus beneficios deben responder a criterios que fortalezcan la competencia y permitan que los clubes con menor capacidad económica tengan condiciones para desarrollar proyectos deportivos sostenibles. La discusión impulsada por el denominado G8, que busca revisar el reparto de los derechos de televisión, demuestra que incluso entre los equipos con mayor facturación existen desacuerdos sobre las reglas económicas del campeonato. Es legítimo que los clubes defiendan sus intereses comerciales, pero la Dimayor también debe preguntarse qué modelo de distribución contribuye al equilibrio competitivo, a la calidad del torneo y a la estabilidad del conjunto de sus afiliados.
Un club debe responder por salarios, seguridad social, cuerpos técnicos, viajes, concentraciones, servicios médicos, mantenimiento de instalaciones, obligaciones tributarias y procesos de formación. También debe prever escenarios adversos, como una eliminación temprana de un torneo, la pérdida de un patrocinador, una temporada con baja asistencia o una transferencia que no llega a concretarse.
La discusión también debe trascender el fútbol profesional. En julio de 2026, Forbes Colombia publicó que la economía del deporte nacional alcanzó una producción de $32,8 billones en 2024, equivalente al 1,15 % del valor agregado bruto nacional, con base en la Cuenta Satélite del Deporte del DANE y el Ministerio del Deporte. Esta medición comprende actividades mucho más amplias que los ingresos de los clubes de fútbol: incluye servicios deportivos, espectáculos, infraestructura y otras actividades relacionadas.
Estamos, entonces, frente a una industria que tiene capacidad para generar empleo, dinamizar economías locales, atraer inversión y producir oportunidades. Sin embargo, el crecimiento económico del sector no garantiza por sí mismo que los beneficios lleguen a los deportistas de todas las disciplinas, a las escuelas de formación, a las ligas territoriales o a quienes encuentran barreras para acceder a la práctica deportiva.
El artículo 52 de la Constitución Política reconoce el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre como derechos de todas las personas. Esta disposición tiene una implicación fundamental: el desarrollo del deporte no puede depender exclusivamente de su rentabilidad comercial. Los clubes profesionales tienen legítimos objetivos empresariales, pero el Estado conserva la responsabilidad de garantizar condiciones de acceso, formación e infraestructura para la población.
Aquí está la diferencia entre una industria deportiva que crece y un sistema deportivo que se desarrolla. Podemos tener clubes con grandes ingresos, patrocinadores internacionales y jugadores cotizados en el exterior, mientras numerosos niños y jóvenes siguen sin encontrar escenarios adecuados, entrenadores suficientes o programas de formación con continuidad. Son realidades que conviven, aunque respondan a responsabilidades y modelos de financiación distintos.
La gestión deportiva colombiana necesita comprender que el negocio no es el enemigo del deporte, por el contrario, una buena administración puede generar recursos para fortalecer las instituciones, mejorar las condiciones laborales, invertir en divisiones menores y ampliar las oportunidades de participación. El problema comienza cuando la rentabilidad se convierte en el único indicador de éxito y la responsabilidad social desaparece de las prioridades. Porque un club no es grande solamente por los millones que factura, los títulos que exhibe o los jugadores que contrata, también lo es por la manera como administra sus recursos, cumple sus obligaciones y responde ante la sociedad que lo sostiene.
El verdadero negocio del deporte debería medirse, además de sus ganancias, por el valor que devuelve a la sociedad.
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