
Resumen: La violencia en Catatumbo sigue escalando con el asesinato de seis firmantes de paz secuestrados por el ELN. La crisis humanitaria ha dejado 56 muertos y más de 54,000 desplazados, mientras la ONU destina fondos de emergencia.
La región del Catatumbo, Norte de Santander, vive una crisis de violencia sin precedentes que ha intensificado el sufrimiento de miles de familias. En un informe reciente del Ministerio de Defensa de Colombia, se reveló que ocho firmantes del Acuerdo de Paz fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), acusados de tener vínculos con el Frente 33 de las disidencias de las FARC. De estos ocho, seis ya han sido asesinados, lo que ha generado un fuerte rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La crisis no solo ha afectado a los firmantes de paz, sino que ha cobrado la vida de 56 personas en el Catatumbo desde el 16 de enero. Según el Puesto de Mando Unificado (PMU), la mayoría de las víctimas fueron halladas en municipios como Tibú (27 muertos) y Teorama (21 muertos). Las comunidades campesinas e indígenas de la región han sido las más afectadas, atrapadas en medio del conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC.
El conflicto ha generado un desplazamiento masivo, con más de 54,000 personas obligadas a abandonar sus hogares. Cúcuta es la ciudad que ha recibido el mayor número de desplazados, con 24,976 personas. Tibú y Ocaña también han visto cifras alarmantes de desplazamiento, con 13,373 y 10,228 personas, respectivamente.
Ante la gravedad de la situación, la ONU ha aprobado una asignación de 3.8 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF). Mireia Villar, coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Colombia, expresó que estos fondos serán clave para atender a las víctimas del desplazamiento forzado y el confinamiento, especialmente en áreas rurales donde más de 77,000 personas se encuentran atrapadas sin acceso a servicios básicos.
Este es el mayor desafío humanitario en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Las autoridades siguen buscando soluciones para frenar la violencia y ofrecer asistencia a las comunidades afectadas.
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Comunicadora Social de la Universidad Católica de Oriente con énfasis en el desarrollo humano, apasionada por la radio, las letras y el periodismo judicial