¡El Campín, bajo la lupa! Personería investiga al director del IDRD por presuntas fallas en contratos

La investigación por contratos de El Campín quedó en manos de la Personería de Bogotá, que abrió un proceso disciplinario contra Daniel Andrés García Cañón, director general del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y otros cuatro directivos de la entidad.

La actuación busca establecer si hubo posibles fallas en la supervisión y el control de acuerdos relacionados con el mantenimiento y el uso del estadio Nemesio Camacho El Campín.

El organismo de control, a través de la Delegada para la Instrucción Disciplinaria II, examina presuntas irregularidades relacionadas con contratos. El objetivo es esclarecer cómo se cumplieron las obligaciones pactadas y determinar si existieron deficiencias en las labores de seguimiento por parte de los funcionarios responsables.

Además de García Cañón, el proceso involucra a Gabriel Ernesto Lagos Medina, Lucas Calderón D’Martino, John Fredy Pulido Rincón y Rodrigo Alberto Manrique Forero, quienes han ocupado cargos directivos en el instituto.

Uno de los aspectos que revisará la Personería es el cuidado del césped del estadio El Campín. La investigación pretende establecer si se presentaron fallas en las labores de mantenimiento y si se ejercieron los controles necesarios para garantizar las condiciones del escenario deportivo.

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Otro frente de revisión tiene que ver con la programación y el uso del estadio, particularmente el seguimiento a las actividades y los eventos realizados en sus instalaciones. En este punto, el organismo busca esclarecer cómo se verificaron las obligaciones contractuales relacionadas con la utilización del recinto.

La investigación por contratos de El Campín también contempla el césped de La Florida, con énfasis en las autorizaciones, la valoración y los mecanismos de control sobre su aprovechamiento.

La Personería busca establecer posibles responsabilidades

Con la apertura del proceso disciplinario, el organismo de control pretende reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si las actuaciones u omisiones de los funcionarios podrían constituir faltas disciplinarias.

Sin embargo, la apertura de la investigación no significa que los implicados sean responsables de las presuntas irregularidades. La actuación deberá avanzar para esclarecer lo sucedido y establecer si existen elementos que permitan atribuir responsabilidades.

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