‘La Paz Total es la excusa para pagarles a los criminales’: Fico ya mandó los documentos al FBI y al Congreso para acabar con esa ley

En medio del debate generado por la suspensión y posterior revocatoria parcial de las órdenes de captura contra cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló este martes 7 de abril que ya tomó dos decisiones concretas: envió documentos formales tanto al gobierno de Estados Unidos como al Congreso de la República, con propuestas y denuncias puntuales sobre lo que él considera una instrumentalización de la Paz Total para beneficiar a organizaciones criminales.

El primero de esos documentos llegó a Washington

Gutiérrez confirmó que remitió un informe confidencial a agencias estadounidenses como el FBI, la DEA, HSI y Homeland Security, así como a la embajada de Estados Unidos en Colombia, en el que detalla el perfil delictivo de cada uno de los cabecillas.

La razón que indicó el alcalde es concreta: varios de estos individuos fueron requeridos en extradición por Estados Unidos durante su administración anterior por delitos de narcotráfico, y algunos de ellos, como alias ‘El Montañero’, jefe de la estructura ‘El Mesa’, están siendo investigados actualmente por llevar droga hacia Europa, especialmente hacia España.

“Ojalá algunos de ellos vuelvan a ser pedidos en extradición”, afirmó el mandatario.

El segundo documento fue dirigido al Congreso de la República

El alcalde de Medellín radicó una propuesta legislativa para derogar tres artículos específicos de la ley de Paz Total, precisamente los que, según el mandatario, permiten el nombramiento de voceros y gestores de paz entre miembros activos de organizaciones delincuenciales.

Gutiérrez incluyó en el oficio el texto redactado de cómo quedaría la ley modificada, junto con la exposición de motivos que justifica la eliminación de esos apartes.

Para el mandatario, mientras esos artículos permanezcan vigentes, el Gobierno nacional tendrá la herramienta legal para seguir otorgando beneficios a personas condenadas por homicidio, narcotráfico, desaparición forzada y extorsión.

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El contexto de ambas decisiones es la polémica generada por la resolución 0072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual la Fiscalía General suspendió las órdenes de captura de 23 cabecillas del Valle de Aburrá vinculados a la mesa de diálogo de Paz Urbana en la cárcel La Paz de Itagüí. Tras la presión pública del alcalde y otras autoridades regionales, la fiscal Luz Adriana Camargo dio marcha atrás parcialmente y revocó la medida para 16 de los 23 beneficiados, específicamente quienes se encontraban pagando condenas activas.

Sin embargo, siete personas mantienen el beneficio, entre ellas alias ‘El Montañero’, quien cuenta con una orden de captura vigente por homicidio y está en libertad desde marzo de 2024.

Gutiérrez pidió a la Fiscalía extender la revocatoria a esos siete casos restantes y reiteró que la iniciativa legislativa que envió al Congreso busca cerrar definitivamente la puerta a este tipo de decisiones.

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